Procuraduría sanciona dragoneantes del Inpec por fiesta en cárcel La Paz

La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción de suspensión e inhabilitación por seis meses a los dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio. Esta decisión surge como consecuencia de su participación en el escándalo provocado por una fiesta celebrada el 8 de abril del presente año en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia.

Omisiones en el registro de ingresos: el eje de la sanción

La investigación de la Procuraduría se centró en la omisión de los dragoneantes al no registrar la entrada de una agrupación musical a la penitenciaría. En el protocolo de seguridad carcelaria, cada persona y objeto que ingresa a un centro de reclusión debe ser meticulosamente consignado en un documento conocido como minuta. Este registro es vital para mantener el control y la seguridad dentro de las instalaciones, especialmente en establecimientos de máxima y mediana seguridad como la cárcel La Paz.

Según el fallo, la entrada de los músicos no quedó documentada en ninguna parte, constituyendo una violación flagrante de los protocolos establecidos. La Procuraduría calificó estas omisiones como faltas graves, cometidas a título de culpa grave. Esta clasificación implica que, si bien no se demostró una intención deliberada de causar daño, hubo un descuido serio y notable de un deber que los funcionarios conocían y estaban obligados a cumplir rigurosamente.

El organismo de control subrayó la gravedad de estas conductas, no solo por la violación de las normativas internas, sino también por el impacto negativo en la percepción pública. El fallo menciona explícitamente que la conducta de los disciplinados «tuvo trascendencia social por generar desconfianza de la ciudadanía en las entidades del Estado, especialmente en el Inpec».

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Reducción de la sanción por colaboración

La sanción impuesta a Góez David y Vargas Rubio se limitó a seis meses debido a su reconocimiento de los hechos durante la etapa de instrucción del proceso. La Procuraduría aplicó la reducción contemplada por la ley para quienes aceptan su responsabilidad de forma oportuna. Ambos dragoneantes habían admitido su participación en los hechos desde principios de agosto.

La «parranda vallenata» y sus implicaciones

Lo que la Procuraduría describe como el ingreso de una «agrupación musical» fue, en realidad, una elaborada «parranda vallenata». Este evento, organizado para celebrar el cumpleaños de uno de los reclusos, puso al sistema penitenciario colombiano en el ojo del huracán a mediados de abril. El homenajeado y varios de los asistentes a la fiesta eran cabecillas de bandas del Valle de Aburrá, quienes en ese momento participaban como «gestores de paz» en los diálogos con el Gobierno Nacional.

La celebración, registrada en videos que circularon ampliamente en redes sociales, mostró la presencia de licor, comida y la actuación del reconocido cantante Nelson Velásquez. Este último afirmó posteriormente que su participación se limitó a la interpretación musical, desvinculándose de la organización o logística del evento y alegando desconocimiento sobre cualquier irregularidad en el ingreso. No obstante, la Fiscalía General de la Nación solicitó que se le investigara por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo desatado por esta fiesta tuvo consecuencias inmediatas en la estructura del Inpec. El director encargado de la cárcel fue removido de su cargo, y el comandante de vigilancia fue relevado de sus funciones. Adicionalmente, el Gobierno suspendió los diálogos con los líderes de las bandas involucradas.

Contexto penitenciario en Colombia: una crisis recurrente

El sistema penitenciario colombiano ha sido, históricamente, un foco de preocupación debido a su constante sobrepoblación, las deficientes condiciones carcelarias y los recurrentes episodios de corrupción y falta de control. El Inpec, la institución encargada de la custodia y rehabilitación de los reclusos, ha enfrentado críticas persistentes por su incapacidad para garantizar la seguridad interna y evitar la permeabilidad de sus centros por parte de estructuras criminales. Casos como la fiesta en Itagüí no son incidentes aislados; reflejan una problemática estructural que evidencia la fragilidad de la autoridad estatal dentro de los centros de reclusión y la facilidad con la que se pueden vulnerar los protocolos de seguridad. Esta situación alimenta la desconfianza ciudadana y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad y justicia en el país.

El proceso disciplinario continúa abierto

La sanción a los dos dragoneantes no significa el cierre definitivo del caso. La Procuraduría ha dejado claro que la investigación continúa. El proceso contra otros investigados sigue su curso en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia. En julio pasado, el organismo ya había prorrogado por tres meses la suspensión provisional de diez funcionarios del Inpec vinculados con el caso, una medida que se extenderá hasta octubre de 2026. La razón de esta prórroga fue evitar que su regreso a los cargos pudiera obstaculizar la recolección de pruebas y el avance de la investigación. Aún queda por determinar quién autorizó la entrada de músicos, visitantes y otros elementos, y bajo qué condiciones se permitió una celebración de esa magnitud en un pabellón de alta seguridad.