De la Espriella reincide en exposición de cuerpos tras operativo militar

El presidente Abelardo De la Espriella ha vuelto a situarse en el centro de la controversia al divulgar imágenes de cuerpos de personas abatidas durante una operación militar en Morales, Bolívar. Esta acción se produce apenas días después de que un juez de Bogotá emitiera una orden que obligaba a ocultar temporalmente publicaciones similares, reavivando el debate sobre la ética y legalidad en la comunicación oficial de los resultados de operaciones de seguridad.

Desafío a la orden judicial y nueva exposición

El pasado martes, el mandatario informó a través de una publicación oficial sobre la neutralización de cinco integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluyendo a alias ‘Niche’. El mensaje fue acompañado de una fotografía en la que se observan los cinco cuerpos dentro de bolsas blancas, siguiendo un patrón de comunicación ya establecido en anteriores ocasiones. Este acto contraviene directamente lo dispuesto por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, que había ordenado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) ocultar dos contenidos previos difundidos el 2 y el 4 de septiembre.

Las publicaciones originales hacían referencia a las operaciones «Azarías» en Guaviare y «Centinela de la Patria» en La Guajira, donde De la Espriella también había aparecido junto a los cuerpos de presuntos criminales. La medida judicial, emitida como parte de una tutela presentada por el representante Santiago Osorio, buscaba proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes ante la posible afectación de contenidos considerados violentos o explícitos. La orden judicial no implicaba una eliminación definitiva, sino un ocultamiento transitorio mientras se determinaba si estas publicaciones generaban un perjuicio irremediable.

Cuestionamientos éticos y advertencias históricas

La exposición pública de los cuerpos de combatientes caídos no es una práctica nueva, pero sí ha generado un intenso escrutinio. Desde la operación Azarías, la defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había expresado su preocupación, enfatizando que “el Estado no puede entrar en una competencia con los grupos armados para demostrar quién produce más miedo o convierte la muerte en una demostración de poder”. Su declaración subraya la importancia de mantener la institucionalidad y los principios humanitarios, incluso en el fragor del conflicto.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Marín también lanzó una advertencia crucial sobre la política de seguridad que mide sus resultados por el número de bajas en combate. Esta lógica, recordó, “terminó relacionada con los llamados falsos positivos” en el pasado, refiriéndose a uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia, donde miles de civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros para inflar estadísticas operacionales. Esta preocupación resalta la necesidad de transparencia y el respeto por los derechos humanos en todas las fases de las operaciones militares, incluyendo su comunicación pública.

Contexto del conflicto armado en Colombia

La persistencia del conflicto armado en Colombia, a pesar de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016, sigue siendo una realidad compleja. Regiones como el suroccidente del país, el Catatumbo o zonas de Bolívar y Guaviare, donde se han dado estas operaciones, son escenarios constantes de disputas territoriales entre diversos grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales. La presencia estatal, aunque reforzada, a menudo se ve desafiada por la capacidad de estos grupos para reclutar, extorsionar y sembrar terror.

En este contexto, la comunicación de los resultados de las operaciones militares adquiere una doble dimensión. Por un lado, busca transmitir una sensación de control y efectividad por parte de la fuerza pública, especialmente en un país donde la seguridad es una preocupación primordial para la ciudadanía. Por otro lado, la forma en que se presentan estas victorias militares puede tener profundas implicaciones éticas y sociales, reabriendo heridas del pasado y generando debates sobre la dignidad humana, incluso en la muerte. La política de «Paz Total» del actual gobierno busca una salida negociada a estos conflictos, pero las operaciones militares continúan siendo una herramienta activa en la estrategia de seguridad, generando tensiones entre la confrontación y la búsqueda de diálogos.

El dilema de la comunicación oficial en operaciones militares

La reiteración de la práctica de exponer públicamente los cuerpos de los abatidos mantiene abierta la discusión sobre los límites de la comunicación oficial y la manera en que el Estado debe presentar los resultados de sus operativos. La disyuntiva se establece entre la necesidad de informar a la ciudadanía sobre la contundencia de la Fuerza Pública y la obligación de respetar la dignidad humana y evitar revictimizaciones, así como la posibilidad de generar un efecto escalofriante o sensacionalista.

La orden judicial en curso busca precisamente establecer un precedente sobre estas prácticas, determinando si la exposición de cadáveres de presuntos combatientes puede vulnerar derechos fundamentales o contribuir a una cultura de violencia. Mientras la justicia define el fondo de la tutela, la decisión del presidente De la Espriella de reincidir en esta práctica genera incertidumbre sobre el acatamiento de las decisiones judiciales y profundiza la polarización en torno a la estrategia de seguridad del país.