Miguel Quintero se declara inocente en caso de corrupción con AMVA

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Durante la audiencia celebrada el pasado 15 de septiembre, Quintero Calle se declaró inocente de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Según el ente investigador, Miguel Quintero habría participado en un entramado de corrupción que permitió la apropiación de más de $2.400 millones de pesos, desviados de contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Junto a él, otras tres personas —Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán— también fueron imputadas por los mismos delitos y rechazaron los cargos.

El esquema de corrupción bajo investigación

La investigación de la Fiscalía detalla que los implicados habrían direccionado seis contratos que sumaron más de $17.657 millones de pesos, firmados entre 2019 y 2023. Estos acuerdos tenían como objetivo principal fortalecer las capacidades del organismo de socorro de Itagüí, apoyar acciones de gestión del riesgo, atender emergencias, desarrollar formación bomberil y suministrar kits de ayuda para la emergencia sanitaria por la COVID-19.

El detrimento patrimonial calculado por la Fiscalía asciende a más de $2.481 millones de pesos. Las pesquisas indican que la contratación se realizó de manera directa, omitiendo requisitos legales, y se identificaron posibles sobrecostos en los kits para la pandemia, así como pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que aparentemente nunca se prestaron.

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Roles y conexiones en el presunto entramado

La Fiscalía sostiene que Miguel Andrés Quintero Calle, a pesar de no ser servidor público, habría ejercido influencia directa en la designación de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero. Este control sobre nombramientos habría tenido el propósito de manipular la contratación dentro de la entidad.

La teoría del caso plantea que Quintero Calle habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en favor de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. A cambio de esta operación, se habría pactado una comisión del 15% de los recursos de cada contrato.

Miguel Quintero Calle: Señalado de ser el cerebro del esquema, impartiendo órdenes y obteniendo el 10% de las comisiones.
Álvaro Alonso Villada García: Exsubdirector Administrativo y Financiero del AMVA, habría recibido el 5% restante de las comisiones.
Vanessa Álvarez Restrepo: Abogada contratista, habría elaborado estudios previos de las licitaciones, a pesar de que no correspondía a sus funciones, facilitando el direccionamiento ilegal.
Sebastián de Dios Ortega Urán: Acusado de recibir dinero en efectivo para entregárselo posteriormente a Miguel Quintero Calle.
Misael Alberto Cadavid Jaramillo: Gerente de Bomberos Voluntarios de Itagüí, presunto beneficiario del direccionamiento contractual.

Evidencias y modus operandi

Una de las pruebas clave para la Fiscalía es un chat de WhatsApp creado en 2020, inicialmente llamado «Alternativos» y luego renombrado a «Amigos». Este grupo de conversación, según el ente investigador, revela cómo Miguel Quintero impartía órdenes, asumiendo un rol de liderazgo en la organización del presunto esquema de corrupción.

Respecto al flujo del dinero ilícito, la Fiscalía detalló que, una vez los pagos del AMVA ingresaban al Cuerpo de Bomberos, el 15% acordado se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, a menudo de $50 millones. Estos cheques eran cobrados por diversas personas, incluyendo a Germán Osorio, conductor y personal de logística del Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El dinero en efectivo, supuestamente, era entregado al tesorero del Cuerpo de Bomberos, Juan Alberto Cardona Henao (ya imputado), o directamente a Misael Cadavid. De esta forma, se habrían desviado los $2.481 millones entre 2020 y 2023.

Contexto político y la mirada en Antioquia

Este caso se inserta en un período de intensa fiscalización sobre la contratación pública y la gestión de recursos en Antioquia, particularmente en Medellín y su área metropolitana, que ha estado bajo el escrutinio debido a diversas denuncias de corrupción durante y después de la administración del exalcalde Daniel Quintero. La región, epicentro económico e industrial del país, maneja presupuestos significativos que la convierten en un foco constante de observación por parte de entes de control y la ciudadanía. La atención se centra no solo en los servidores públicos, sino también en las redes de influencia externas que podrían permear las decisiones administrativas, impactando la confianza pública en las instituciones locales. La resolución de este tipo de investigaciones es crucial para la transparencia y la probidad en la gestión de los recursos que sostienen el desarrollo del departamento.

Próximos pasos en el proceso judicial

Aunque Miguel Quintero Calle se declaró inocente, la Fiscalía ha anticipado que solicitará una medida privativa de la libertad en su contra. La decisión sobre esta solicitud se determinará en una audiencia programada para el miércoles 16 de septiembre.