Colombia Sin Seguro Antiterremotos: Decisiones Bajo Duque y Petro

Colombia atraviesa una coyuntura crítica ante la magnitud del reciente sismo, el más fuerte en una década, y la delicada situación de sus finanzas públicas. En este escenario, ha salido a la luz pública una situación de significativa vulnerabilidad financiera: el país carece actualmente de una póliza de seguro internacional de gran escala diseñada para mitigar el impacto económico de terremotos. Esta ausencia se remonta a una decisión tomada durante el gobierno del expresidente Iván Duque, quien optó por no renovar un bono catastrófico estructurado con el Banco Mundial.

Origen y Funcionamiento del Bono Catastrófico

El mecanismo de protección, conocido como bono catastrófico o CAT bond, fue establecido en 2018. Su creación fue una iniciativa conjunta de los países miembros de la Alianza del Pacífico –Colombia, Chile, México y Perú– en colaboración con el Banco Mundial. Este instrumento financiero paramétrico ofrecía una cobertura contingente vital: para Colombia, garantizaba hasta 400 millones de dólares en caso de un evento telúrico de gran magnitud, lo que permitía una inyección rápida de capital para la respuesta y recuperación post-desastre.

La vigencia del contrato que protegía a Colombia expiró el 15 de febrero de 2021. En ese momento, la administración Duque, con Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda y Crédito Público, tomó la determinación de no desembolsar la prima necesaria para extender dicha cobertura. Esta decisión dejó al país desprotegido ante futuros eventos sísmicos de gran escala, una realidad que hoy resuena con particular fuerza tras los recientes movimientos telúricos.

Razones Detrás de la No Renovación

Fuentes cercanas a las decisiones de la época han señalado que la desvinculación del bono catastrófico se basó en análisis internos del Ministerio de Hacienda. Entre las razones técnicas esgrimidas se priorizó la atención a riesgos climáticos recurrentes, como los fenómenos de El Niño y La Niña, cuya recurrencia y previsibilidad eran consideradas de mayor urgencia presupuestaria. A esto se sumó la elevada prima que representaba el instrumento en los mercados internacionales, un costo que se consideró excesivo en el contexto de la crisis económica global desatada por la pandemia del COVID-19.

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A pesar de que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, una realidad geológica ineludible, la evaluación de riesgos en ese momento llevó a la administración a prescindir de esta herramienta de mitigación financiera. Es relevante señalar que la posterior administración del presidente Gustavo Petro tampoco ha restablecido esta cobertura, manteniendo al país en una situación de vulnerabilidad similar.

Impacto y Reacciones Ante la Ausencia del Seguro

La falta de este «colchón» financiero ha sido calificada como una determinación infortunada por figuras con conocimiento en finanzas y desarrollo internacional. Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ha expresado su preocupación, advirtiendo que el Estado colombiano se ve ahora obligado a afrontar las pérdidas derivadas de un sismo de gran magnitud con sus propios recursos, recurriendo a créditos de la banca multilateral y a reasignaciones del presupuesto nacional ya comprometido.

En la práctica, la ausencia del seguro catastrófico ha forzado al Gobierno a buscar soluciones paliativas. Entre las medidas adoptadas para solventar la reconstrucción y la atención de la emergencia actual se encuentran:

Solicitud de un crédito de emergencia por 200 millones de dólares al Banco Mundial.
Gestión de donaciones y cooperación internacional.
Implementación de esquemas de obras por impuestos para involucrar al sector privado.

Contexto de Gestión de Riesgos en Colombia

La decisión de no renovar un instrumento financiero de mitigación de desastres como el bono catastrófico pone de manifiesto las complejidades de la gestión de riesgos en un país como Colombia. Históricamente, el país ha enfrentado una multiplicidad de desafíos, desde conflictos armados hasta fenómenos naturales extremos. La priorización de la inversión y la asignación de recursos en un contexto de limitaciones presupuestarias siempre ha sido un dilema para las administraciones. Sin embargo, la geografía colombiana, asentada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico y con la confluencia de placas tectónicas, la expone permanentemente a riesgos sísmicos significativos, como lo demuestra la historia de terremotos devastadores en regiones como el Eje Cafetero y el suroccidente del país. Esta realidad subraya la importancia de contar con herramientas financieras robustas que permitan una respuesta ágil y efectiva ante eventos impredecibles pero recurrentes.

La situación actual reabre el debate sobre la sostenibilidad de las políticas públicas de gestión de riesgo de desastres y la necesidad de una estrategia financiera a largo plazo que proteja al país de los impactos económicos de la variabilidad climática y los eventos geológicos extremos, minimizando la carga sobre las finanzas públicas en momentos de crisis.