Fiscalía imputará a Sarabia por abuso de poder en caso Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación ha confirmado la próxima imputación de cargos contra Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura clave en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La decisión del ente acusador marca un punto de inflexión en el llamado «caso Marelbys Meza», que ha generado un escándalo de proporciones significativas en la esfera política y judicial colombiana.

Los delitos por los que Sarabia será imputada son abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal. Esta acción judicial se deriva de los hechos ocurridos tras el supuesto robo de una maleta con dinero en la residencia de Sarabia, que desencadenó una serie de actuaciones irregulares, incluyendo la prueba de polígrafo a Marelbys Meza, entonces niñera de su hijo, y la interceptación ilegal de sus comunicaciones y las de otra empleada.

Cronología de un Escándalo Político-Judicial

El «caso Marelbys Meza» ha sido una constante en la agenda pública desde que se reveló la prueba de polígrafo a la exempleada en un edificio de inteligencia frente a la Casa de Nariño. Los hechos, que se remontan a 2023, pusieron en evidencia el presunto uso indebido de recursos y facultades estatales para fines personales.

Marelbys Meza fue sometida a un polígrafo, un procedimiento que no tiene validez legal directa en procesos judiciales, después de que Sarabia denunciara el hurto de una suma de dinero, estimada entre cuatro mil y siete mil dólares. Las investigaciones posteriores revelaron una cadena de irregularidades que incluyeron:

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La activación de un operativo estatal desproporcionado para esclarecer el robo.
Interceptaciones telefónicas ilegales a Meza y a Fabiola Perea, otra empleada de Sarabia.
La implicación de altos funcionarios de seguridad, incluyendo el exjefe de protección presidencial, Carlos Feria.
El suicidio del policía Óscar Dávila, cuya muerte fue vinculada a las presiones generadas por la investigación.

Laura Sarabia, quien en ese momento era jefa del Despacho Presidencial, se encontraba en una posición de influencia considerable. La Fiscalía ha estado indagando su posible responsabilidad en la extralimitación de funciones que llevó a estas acciones.

Imputación de Cargos y Respuesta de Sarabia

La Fiscalía presentará una solicitud formal ante el Complejo Judicial de Paloquemao para que se programe una audiencia de imputación. En dicha audiencia, un juez de control de garantías asignado por reparto preguntará a Sarabia si acepta o no los cargos imputados. Este paso es fundamental para el avance del proceso judicial.

Ante la noticia, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X, manifestando su respeto por las autoridades y su confianza en las decisiones judiciales. «Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones», escribió. Adicionalmente, expresó un deseo personal: «Deseo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo».

Cambios de Defensa y Estrategia Legal

El caso ha estado marcado por movimientos estratégicos en la defensa de Sarabia. Tras un periodo en el que se exploraron negociaciones con la Fiscalía, incluyendo preacuerdos y principios de oportunidad, Sarabia cambió de abogado. En julio, el exfiscal general Mario Iguarán asumió su defensa, señalando un viraje en la estrategia legal. Iguarán ha indicado que se presentará ante la Fiscalía para conocer los detalles de la imputación.

Por otro lado, la fiscal Cindy Hernández, quien llevaba la investigación desde marzo de 2023, fue promovida dentro de la Fiscalía, lo que implicó un cambio de despacho y, consecuentemente, una reasignación del expediente. Estos movimientos procesales son habituales, pero en casos de alto perfil, pueden generar expectativas sobre el ritmo y la dirección de la justicia.

Avances y Condenas Previas en el Caso

La investigación del «caso Marelbys Meza» ha arrojado ya resultados concretos en relación con otros implicados. Varios miembros de la Policía Nacional han sido condenados por su participación en las interceptaciones ilegales y la falsificación de documentos:

En septiembre de 2024, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales fueron sentenciados a diez años de prisión domiciliaria por fraude procesal y falsificación de documentos públicos. Ambos aceptaron los cargos y alegaron haber actuado bajo órdenes superiores.
El capitán Óscar Leandro Mojica Cordón, jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín en Bogotá, obtuvo un principio de oportunidad tras aceptar su participación en la elaboración de informes falsos que permitieron las interceptaciones ilegales. Mojica colaborará con la justicia como testigo.
En octubre de 2025, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales también fueron condenados por presionar al fiscal Óscar Gutiérrez Zapata para que autorizara las ‘chuzadas’ a Meza y Perea.

Estos testimonios y condenas refuerzan la tesis de que hubo una cadena de mando y una actuación coordinada en el entramado de abuso de poder. Marelbys Meza, por su parte, ha mantenido su versión de inocencia respecto al robo y ha expresado el impacto negativo que este episodio tuvo en su vida y salud.

Contexto Político y Relevancia del Caso

El «caso Sarabia-Meza» no es un incidente aislado en el panorama político colombiano, donde la cercanía al poder presidencial ha sido históricamente un foco de escrutinio. La figura de Laura Sarabia, como mano derecha del entonces presidente Petro, elevó la relevancia del caso, pues puso en tela de juicio el uso de las capacidades estatales por parte de funcionarios de alto nivel. Este tipo de escándalos tiende a generar desconfianza en las instituciones y resalta la necesidad de límites claros al ejercicio del poder.

Colombia ha enfrentado en las últimas décadas diversos episodios de abuso de autoridad y extralimitación de funciones por parte de la fuerza pública y funcionarios públicos. Casos como los «falsos positivos» o el uso de la inteligencia estatal para «chuzadas» a opositores o periodistas, han dejado cicatrices en la memoria colectiva y han impulsado llamados constantes a una mayor transparencia y rendición de cuentas. El desenlace del proceso contra Sarabia será un termómetro importante para medir la independencia judicial y la capacidad del sistema para sancionar el abuso de poder, especialmente cuando involucra a personas cercanas al círculo presidencial.