Terremoto en Colombia: Cuestionamientos crecen por gestión oficial en rescates

Tras un devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia, la gestión de la emergencia por parte de las autoridades ha sido objeto de severos cuestionamientos. Familias de desaparecidos y equipos de rescate voluntarios en Cali y Pereira han levantado su voz, señalando presuntas irregularidades y una deficiente coordinación que, afirman, pudo haber costado vidas.

El sismo, registrado hace días, ha dejado un rastro de destrucción, con un balance provisional de 265 fallecidos, 3.494 heridos y una cifra alarmante de 496 desaparecidos según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). No obstante, bases de datos gestionadas por la sociedad civil elevan la cifra de desaparecidos a cerca de 4.000, reflejando la magnitud del caos y la discrepancia en la información oficial.

Denuncias en Cali: La ‘Ventana de Vida’ y las pugnas por el mando

En Cali, epicentro de gran parte de las quejas, la controversia se centró en la interrupción de las búsquedas una vez cumplidas las 72 horas de la denominada «ventana de vida». A las afueras del Hospital Universitario del Valle (HUV), familiares de pacientes hospitalizados que se encontraban bajo los escombros exigieron la continuidad de las labores, aferrados a la esperanza de encontrar sobrevivientes. El caso de Héctor Asdrúbal Jaramillo, un paciente cuyas hijas registraron llamadas de su teléfono tras el sismo, evidencia esta angustiosa búsqueda.

La situación se replicó en el edificio Cantabria del barrio Nueva Tequendama. Elizabeth Bernal, voluntaria, denunció que, pese a las señales de vida detectadas el jueves 13 de agosto, la entrada de maquinaria pesada y equipos técnicos, en lugar de agilizar, obstruyó el proceso. «Metieron drones, sonidistas, cámaras de calor y un equipo del USAR, los bomberos y la Defensa Civil. Hicieron evaluaciones, análisis, y a las tres de la tarde, cuando supuestamente iban a empezar la operación, se pusieron todos a pelear arriba porque querían tener la voz de mando», relató Bernal. Las víctimas, María Isabel Suárez Narváez (68) y Victoria Eugenia Perea Pérez (54), fueron extraídas sin vida seis días después, avivando la crítica sobre la tardanza y la falta de consenso entre los equipos oficiales.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Precedentes de Vulnerabilidad en el HUV

El Hospital Universitario del Valle, uno de los puntos críticos, ya había sido objeto de advertencias previas. Estudios de la Universidad del Valle en 2002, y evaluaciones de 1992 y 1994, señalaron la vulnerabilidad sísmica del edificio principal. El diagnóstico de 2002 fue contundente: «La estructura actual no cumple con los requisitos de resistencia, rigidez y ductilidad» para normas sismorresistentes, con una fecha límite de intervención fijada para 2006. Esta información previa añade una capa de gravedad a la tragedia, sugiriendo que la catástrofe pudo haber sido mitigada con acciones preventivas oportunas.

Situación en Pereira: Voluntarios desalojados y ayuda cuestionada

En Pereira, a 200 kilómetros de Cali, las denuncias siguieron un patrón similar. Pese a que los organismos de socorro oficiales habían cerrado varios puntos de rescate, voluntarios y rescatistas aseguraron haber oído señales de vida en el colapsado hotel Dibeni. El sábado 15 de agosto, una retroexcavadora intentó ingresar al lugar, pero fue detenida por el abogado Freddy Humberto Cruz, quien participaba en la búsqueda. Cruz denunció que agentes estatales retiraron a los voluntarios para permitir el paso de la maquinaria, desoyendo las posibles esperanzas de rescate de Mario Alberto Zapata Verdier (57) y Brenda Eloísa Flores Reyes (42), una pareja mexicana desaparecida en el hotel.

La tensión entre la gestión oficial y la ayuda espontánea se hizo evidente. Mientras el Cuerpo de Bomberos de Pereira defendía sus protocolos, advirtiendo sobre los riesgos de la presencia masiva y el uso inadecuado de maquinaria, voluntarios criticaron la falta de coordinación. Un bombero señaló que se opusieron al ingreso de «maquinaria amarilla» ofrecida por empresarios el 13 de agosto, pues «teníamos señales de vida y el ingreso de los carros podía generar un colapso mayor». Este episodio subraya la complejidad de gestionar una emergencia de tal magnitud, donde la espontaneidad ciudadana choca con la rigidez de los protocolos institucionales.

Un escenario de caos y contradicciones en el suroccidente colombiano

El terremoto ha puesto de manifiesto no solo la vulnerabilidad estructural de algunas ciudades, sino también la fragilidad de la coordinación interinstitucional en momentos críticos. El presidente Abelardo de la Espriella y la gobernadora Dilian Francisca Toro visitaron Cali, pero no se acercaron a los familiares que protestaban. Además, el gobierno ha sido interpelado por organismos internacionales, como el gobierno chino, por su presunta lentitud en la recepción y canalización de la ayuda exterior y la limitación al envío de rescatistas.

El canciller Omar Bula ha explicado que no excluyen a ningún país, sino que buscan canalizar la ayuda «de manera efectiva», un argumento que contrasta con las denuncias de voluntarios y la sociedad civil que, en muchas ocasiones, actuaron por cuenta propia ante la percibida inacción oficial. Este contexto revela un desafío significativo para el reciente gobierno en Colombia, enfrentado a una crisis humanitaria que requiere una respuesta coordinada y transparente, aspectos que han sido objeto de fuertes críticas ciudadanas.

La situación ha sido aún más compleja por la entrada de cientos de personas no coordinadas a las zonas afectadas, mezclando actos de genuina solidaridad con el oportunismo de saqueadores. En medio de órdenes contradictorias, la falta de una autoridad clara propició un ambiente donde la distinción entre ayuda y aprovechamiento se volvió difusa. Familias como la de Edith Penagos, quien se refugia con su hijo en un albergue en Pereira, enfrentan la incertidumbre de no poder regresar a sus hogares y el temor a réplicas que el Servicio Geológico Colombiano cifra en al menos 130 menores.