MinTIC denuncia millonarios gastos en pauta de Inravisión durante campaña presidencial

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha puesto bajo el microscopio la contratación de Inravisión, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, tras detectar gastos por un valor cercano a los $7.255 millones en servicios de pauta, planes y contenido digital. La preocupación central radica en que una parte sustancial de estos recursos fue ejecutada en periodos que coincidieron con el calendario de la campaña presidencial de 2026, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible uso irregular de fondos públicos.

La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, junto con la gerente de Inravisión, Ángela Mora, fueron las encargadas de detallar estos hallazgos. Los recursos provienen principalmente de convenios interadministrativos suscritos con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Detalle de los contratos bajo investigación

La revisión preliminar arroja luz sobre dos convenios específicos que concentran la mayor parte de los gastos denunciados:

Convenio con el Ministerio de Educación: Un contrato marco por $10.000 millones, del cual $6.362 millones fueron destinados a servicios de pauta y contenido digital. Estos desembolsos se realizaron entre junio, julio y agosto de 2026. Las empresas beneficiadas incluyen a 3D Mobile 3DM SAS, que recibió $1.364 millones, y Prowess SAS, con $4.998 millones.
Convenio con el Dapre: Un acuerdo interadministrativo por $1.500 millones, del cual $892,8 millones se asignaron a servicios de «plan digital». Este dinero se ejecutó entre marzo, junio, julio y agosto de 2026.

La coincidencia temporal de estos pagos con las etapas cruciales de la campaña presidencial ha sido el punto de mayor atención para las autoridades. La primera vuelta electoral se llevó a cabo el 31 de mayo de 2026, seguida por la segunda vuelta el 21 de junio del mismo año. Estas fechas plantean interrogantes sobre el verdadero propósito de los servicios contratados y si pudieron haber tenido alguna injerencia en el proceso electoral.

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La campaña presidencial y la sombra de la propaganda

La denuncia del MinTIC no afirma categóricamente un uso indebido de los recursos, pero sí señala una situación que amerita una profunda investigación. El contexto de una campaña presidencial es particularmente sensible, pues la utilización de fondos públicos para fines que puedan interpretarse como propaganda gubernamental o proselitismo político está estrictamente prohibida por la legislación colombiana.

La actual administración de Inravisión ha manifestado su intención de esclarecer la situación, buscando determinar si existieron irregularidades en la contratación y ejecución de estos convenios. Es fundamental establecer si los servicios de pauta y contenido digital respondían a necesidades legítimas de comunicación institucional o si, por el contrario, se desviaron para influir en la opinión pública durante el periodo electoral.

Un patrón de contratación más amplio y la búsqueda de acompañamiento institucional

La auditoría interna no se limita únicamente a los convenios con el Ministerio de Educación y el Dapre. Según la información proporcionada por Inravisión, durante todo el año 2026 se habrían suscrito más de 1.051 contratos, alcanzando un valor superior a los $100.000 millones. Un dato especialmente llamativo es la firma de 87 contratos por cerca de $4.000 millones entre el 6 y el 7 de agosto de 2026, justo en la transición de gobierno.

Ante la complejidad y magnitud de estos hallazgos, Inravisión ha solicitado el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. La intervención de estas entidades es crucial para garantizar una investigación imparcial y exhaustiva, que determine la legalidad y la pertinencia de cada uno de los contratos. La transparencia en el manejo de los recursos públicos, especialmente en el contexto de medios estatales, es un pilar fundamental para la confianza ciudadana en las instituciones.

Contexto de los medios públicos en Colombia y la fiscalización

En Colombia, los medios públicos, como el antiguo Inravisión (hoy, el sistema de RTVC), han sido históricamente objeto de debate y escrutinio debido a su financiación estatal y su potencial influencia en la esfera pública. La adecuada fiscalización de estos recursos es vital para asegurar su independencia editorial y su servicio al interés general, evitando su instrumentalización política.

Las denuncias de MinTIC se inscriben en una coyuntura donde la fiscalización de la contratación estatal ha tomado relevancia, con un enfoque en la eficiencia y la probidad en el uso de los dineros públicos. La administración actual ha expresado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la transparencia, lo que podría explicar el celo en la revisión de estos contratos. La labor de la Procuraduría y la Contraloría será decisiva para desentrañar el entramado contractual y determinar si hubo violaciones a la normativa, estableciendo responsabilidades y sentando precedentes para el manejo futuro de los medios públicos en el país.