Medellín, Colombia. La Contraloría General de Antioquia ha emitido un informe que detalla un posible detrimento patrimonial de 108.585 millones de pesos en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Este monto se atribuye a una presunta vulneración del principio de planeación en el proceso de contratación para la culminación de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8, según las conclusiones de una actuación especial de fiscalización.

Si bien la entidad de control enfatizó que no se identificó afectación al patrimonio público de la Sociedad Hidroituango directamente, las observaciones recaen sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM). La investigación se centró en los cambios de contratistas que tuvieron lugar para las fases finales de la megaobra.

Origen y Alcance de la Investigación

La actuación especial de fiscalización fue anunciada a finales de febrero, motivada por la complejidad y los cuestionamientos públicos en torno a la sustitución de los consorcios responsables de la finalización de Hidroituango. El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, explicó que los hallazgos corresponden a situaciones que se presentaron entre los años 2022 y 2023, período que coincidió con la administración distrital de Daniel Quintero en Medellín, ciudad que es la principal accionista de EPM.

Herrera precisó que, dado que EPM es una entidad del conglomerado público de Medellín, la responsabilidad de asumir las investigaciones por este presunto detrimento recaerá ahora en la Contraloría Distrital de la capital antioqueña.

Detalles del Presunto Detrimento

El núcleo del presunto detrimento radica en la “vulneración del principio de planeación” durante el proceso de selección y contratación de los nuevos ejecutores para las turbinas restantes del proyecto. Esta falla en la anticipación y diseño contractual habría generado sobrecostos y eficiencias impactando negativamente las finanzas de EPM.

Además del monto fiscal, la Contraloría departamental identificó otros hallazgos administrativos:

  • La oportunidad para hacer efectivas las acciones judiciales derivadas del incumplimiento del Hito 7 del Cronograma Director del contrato BOOMT, también entre 2022 y 2023.
  • La omisión en la actualización del modelo financiero del proyecto durante el primer trimestre de 2026.

Estos hallazgos administrativos, aunque no tienen incidencia fiscal directa sobre la Sociedad Hidroituango, exigen planes de mejoramiento y gestión por parte de las entidades involucradas.

Contexto y Reflexiones sobre Hidroituango

El proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, ha sido un epicentro de controversias desde la contingencia de 2018 que lo paralizó y generó una crisis ambiental y social. Desde entonces, la obra ha estado bajo el escrutinio público, político y de los organismos de control. La decisión de cambiar de contratistas para las obras finales se justificó en su momento por la necesidad de desvincular a las empresas vinculadas a la contingencia y a los procesos judiciales derivados, garantizando así la finalización del proyecto bajo nuevas condiciones contractuales y de fiscalización. Sin embargo, esta determinación generó un amplio debate sobre la celeridad del proceso, los mecanismos de contratación utilizados y los posibles impactos en los cronogramas y costos de la megaobra. Expertos técnicos y sectores gremiales advirtieron sobre los riesgos de la salida de empresas con conocimiento detallado del proyecto y la curva de aprendizaje de los nuevos ejecutores. Esta nueva advertencia de la Contraloría sobre el principio de planeación refuerza las preocupaciones previamente planteadas, sugiriendo que la premura o las decisiones políticas pudieron haber comprometido la eficiencia financiera del proceso.

Reacciones y Perspectivas Futuras

Desde la gerencia de EPM y la administración de Medellín de la época, se defendió la pertinencia de las decisiones tomadas para asegurar la culminación de Hidroituango. Argumentaron que la prioridad era poner en funcionamiento las unidades generadoras para garantizar la seguridad energética del país, minimizar los riesgos operativos y resarcir las pérdidas generadas por el retraso.

La entrega de las obras de las últimas unidades al Consorcio Ituango PC-SC estuvo rodeada de discusiones sobre la transparencia y la idoneidad. Ahora, con el señalamiento de la Contraloría de Antioquia, se espera que la Contraloría Distrital de Medellín asuma la fase siguiente de la investigación para determinar responsabilidades fiscales y patrimoniales que puedan recaer directamente sobre EPM.

Este episodio subraya la complejidad de los grandes proyectos de infraestructura en Colombia, donde la gestión técnica y financiera a menudo se entrelaza con decisiones políticas, lo que demanda una fiscalización exhaustiva para proteger los recursos públicos y la viabilidad de iniciativas estratégicas para el desarrollo nacional.