Una investigación periodística de La Silla Vacía ha puesto en entredicho la credibilidad de la estrategia de financiación de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, al revelar que su prominente proyecto inmobiliario, el «De la Espriella Collection», carece de una licencia de construcción aprobada. Esta información contradice directamente las afirmaciones públicas del candidato, quien había presentado el edificio de 52 apartasuites como un éxito en ventas y el respaldo financiero clave para su aspiración política.

El Núcleo de la Contradicción: Licencias y Ventas

Según los anuncios de Abelardo de la Espriella, el proyecto «De la Espriella Collection», ubicado en la exclusiva Zona T de Bogotá, se habría vendido completamente sobre planos desde enero del presente año. El candidato proyectaba que las ganancias derivadas de la venta de este inmueble, sumadas a la reposición estatal de votos, cubrirían los costos de su campaña presidencial. Sin embargo, la indagación periodística contradice flagrantemente esta narrativa.

Las consultas realizadas a las cinco curadurías urbanas de Bogotá y a la Secretaría de Planeación confirmaron que el proyecto no cuenta con ninguna licencia de construcción, modificación o remodelación debidamente aprobada. El único trámite registrado es un «concepto de norma», una fase inicial que dista mucho de ser un permiso para iniciar obras, solicitado en julio de 2025 –una fecha que, además, sugiere una inconsistencia en el registro o una anticipación insólita en los procesos administrativos– o, más probablemente, un error de reporte que se refiere a 2023 o 2024.

La disparidad se extiende al ámbito comercial. A pesar de los comunicados del candidato sobre un «sold out» total, los reporteros comprobaron que, a principios de junio, las apartasuites de 40 metros cuadrados, valoradas hasta en 1.200 millones de pesos, seguían siendo ofrecidas activamente a potenciales compradores. Esto sugiere una desconexión entre los anuncios de marketing y la realidad comercial del proyecto.

Contexto Urbano y Político en Colombia

Este tipo de situaciones, donde proyectos inmobiliarios de gran envergadura inician su promoción sin la debida aprobación de licencias, no son ajenas al panorama urbano colombiano. Bogotá, como otras grandes capitales del país, ha enfrentado en distintas ocasiones desafíos relacionados con la informalidad en la construcción, edificaciones sin permisos y la especulación inmobiliaria. La tramitación de licencias cursa a través de curadurías urbanas, entidades privadas que ejercen funciones públicas de revisión y aprobación de diseños, que en ocasiones son objeto de críticas por la lentitud o la discrecionalidad en sus procesos.

Desde una perspectiva política, la financiación de campañas electorales en Colombia ha sido un tema recurrente de debate y escrutinio. La normativa busca garantizar la transparencia y equidad en la contienda, pero recurrentemente surgen cuestionamientos sobre el origen y la gestión de los recursos. La promesa de utilizar ganancias de un proyecto inmobiliario como sustento de campaña, especialmente uno en fase de preventa y con permisos pendientes, introduce una capa de complejidad y riesgo financiero que podría generar incertidumbre sobre la viabilidad y legalidad de la recaudación de fondos.

Cuestionamientos sobre Socios y Antecedentes

La investigación también arroja sombras sobre los socios vinculados al desarrollo de la obra a través de la firma «De la Espriella Style», específicamente la constructora Connecta Consultoría Construcción. En su lista de accionistas históricos y familiares figura Octavio Acosta Sánchez, quien fue capturado por la Fiscalía y llamado a juicio en el marco del escándalo de corrupción de los Juegos Nacionales de Ibagué. Este caso, que sacudió la esfera deportiva y política del país, está asociado a irregularidades en la contratación y ejecución de obras destinadas a un evento de relevancia nacional.

Adicionalmente, se menciona que Joaquín Gutiérrez, secretario privado de campaña de De la Espriella y dueño de Desarrolladora Salguero, enfrenta más de 20 demandas civiles. Estas demandas, relacionadas con la falta de pagos a profesionales de la salud en la región Caribe, plantean interrogantes sobre la solvencia y el historial de cumplimiento de los actores clave en el equipo del candidato y en sus emprendimientos asociados.

La convergencia de estas revelaciones —la ausencia de licencias de construcción, las inconsistencias en las ventas reportadas y los antecedentes judiciales y económicos de los socios— configura un panorama que demanda claridad y transparencia por parte del candidato Abelardo de la Espriella ante la opinión pública y los entes de control.