Las secuelas del sismo ocurrido el 10 de agosto en el Eje Cafetero golpean el sector educativo en Risaralda. Entre agosto y octubre de 2026, la administración departamental detectó la salida de aproximadamente 315 alumnos del sistema escolar, una situación que despierta preocupación frente al periodo académico de 2027.
Municipios con descensos en las listas escolares
El retiro de los menores afecta a varias poblaciones del territorio, con variaciones según la zona:
- Quinchía: 36 alumnos desvinculados.
- Santuario: 31 estudiantes menos.
- Belén de Umbría: registro de 29 bajas.
- Marsella: 1 caso reportado.
- Otras localidades afectadas: Santa Rosa de Cabal, Mistrató y Pueblo Rico.
De acuerdo con análisis pedagógicos y sociales de la zona, este fenómeno responde al deterioro físico de los colegios, la precariedad económica sobrevenida y la reubicación provisional de los hogares perjudicados por el temblor. La secretaria de Educación departamental, Dora Ligia Agudelo Martínez, puntualizó: «Hemos iniciado con una afectación y es una disminución que hemos tenido en la matrícula de agosto a la fecha».
Advertencia institucional ante el ciclo lectivo de 2027
La caída de estos más de 300 inscritos equivale al 0,78% del registro estudiantil total de Risaralda. Aunque estadísticamente parece acotada, el despacho educativo vigila de cerca la tendencia. Agudelo Martínez explicó que «esto, aunque es un porcentaje pequeño, pues significa menos del 1% del total de la matrícula, igualmente nos comienza a dar esa alerta de lo que puede estarse presentando para el año 2027», con miras a contener el alejamiento permanente de las aulas.
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A raíz de la contingencia que impacta a los doce municipios no certificados (excluyendo a Pereira y Dosquebradas), la Secretaría de Educación Departamental informó que un 80% del estudiantado regresó a actividades presenciales en espacios seguros. El 20% sobrante adelanta su formación con herramientas virtuales o métodos de alternancia.
En territorios como Mistrató y Pueblo Rico, comisiones institucionales visitan viviendas para contactar a quienes continúan ausentes. Al mismo tiempo, dependencias locales inspeccionan más de 500 sedes educativas para emitir conceptos técnicos o solventar restricciones de ocupación. Por su parte, docentes y acudientes solicitan auxilio alimentario, subsidios habitacionales y transporte escolar rural ante el desplazamiento forzado de familias que perdieron sus medios de sustento por el cese de labores comerciales y hoteleras.
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