El suministro hídrico de más de 600 mil habitantes de Cali afronta un grave riesgo derivado del uso de mercurio en la extracción no autorizada de oro en los Farallones. Esta situación fue expuesta en escenarios de las Naciones Unidas por Daniella Plaza Saldarriaga, presidenta del Concejo de Cali, en medio de compromisos diplomáticos vinculados al traspaso de la sede de la COP16.
El pronunciamiento inicial ocurrió en Viena, Austria, durante el desarrollo de la COP13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Luego, la comitiva viajó a Ereván, Armenia, punto de encuentro para la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, donde se programó el relevo oficial tras el evento albergado por la capital vallecaucana.
Impacto ambiental y solicitudes de apoyo internacional
Los daños ecológicos en la zona protegida comprometen áreas estratégicas de alta montaña. Registros del Ministerio de Ambiente correspondientes a 2023 indicaron afectaciones en cerca de mil hectáreas de páramo, proyectando un lapso de al menos dos décadas para rehabilitar la capa vegetal y más de medio siglo para restablecer completamente el ecosistema.
Frente a este panorama, Plaza Saldarriaga recalcó la necesidad de desarticular los eslabones económicos que sostienen el negocio ilícito:
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →“Cerrar minas no basta si el oro ilegal sigue encontrando quién lo financie y quién lo compre”, sostuvo la cabildante.
Con base en ese diagnóstico, la comitiva local planteó ante las entidades globales diversas líneas de articulación:
- Monitoreo y seguimiento a los flujos financieros detrás de la extracción minera.
- Supervisión estricta sobre la circulación de explosivos y mercurio.
- Bloqueo a los canales de venta del metal precioso obtenido de forma ilícita.
- Respaldo para la rehabilitación ambiental de las cuencas perjudicadas.
- Implementación de opciones productivas dirigidas a comunidades rurales.
Datos de explotación ilícita y operativos en el territorio
La problemática registrada en los Farallones coincide con un panorama complejo a escala nacional. Mediciones conjuntas del Gobierno Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito documentaron que Colombia contabilizó 118.410 hectáreas bajo explotación de oro de aluvión en 2025, identificando que el 75 % de esa superficie operaba al margen de la ley o sin autorizaciones pertinentes.
En el frente judicial local, los datos presentados por el Concejo de Cali señalaron que la estrategia denominada Farallón Dorado reportó, con corte a diciembre de 2025, un total de 59 órdenes de captura y 45 procesos de judicialización contra personas vinculadas a estas actividades.
Las actividades internacionales de la delegación contemplan su participación el 24 de octubre en la Cumbre de Gobiernos Subnacionales y Ciudades en Armenia, espacio donde la delegación cerrará su ciclo formal al frente de la COP16.
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