El Senado de Paraguay dio inicio este jueves a un juicio político en contra del mandatario Santiago Peña, acusándolo de incurrir en un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones. El proceso parlamentario se puso en marcha tras ventilarse presuntos nexos entre el gobernante y la firma Ueno bank, entidad financiera privada que enfrenta una orden de resolución o cierre.

Aunque el mandatario comunicó previamente su dimisión, la sesión conjunta del Congreso Nacional se suspendió por falta de cuórum, lo que impidió votar su salida del cargo y activar formalmente el procedimiento de sucesión por vacancia. Ante esta situación, Peña continúa legalmente al frente de la Presidencia de la República. De concretarse su destitución a través del Parlamento, el gobernante perdería el derecho a los fueros correspondientes a la condición de senador vitalicio, prerrogativa que habría mantenido si prosperaba su renuncia voluntaria.

Estructura del proceso y acusación en el Parlamento

El juicio político se activó conforme a las disposiciones del artículo 225 de la Constitución paraguaya, luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la formulación de cargos durante una asamblea extraordinaria. En dicho encuentro, los legisladores delegaron las funciones de fiscales acusadores a miembros de su corporación, entre ellos la diputada opositora Rocío Vallejo.

De acuerdo con precisiones del legislador oficialista Derlis Maidana, el trámite ante la Cámara Alta consta de dos fases operativas:

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  • La primera etapa formalizó en la noche del jueves la acreditación y reconocimiento de los diputados que actúan como fiscales de la causa.
  • La segunda fase contempla la juramentación de los senadores que integrarán oficialmente el tribunal a cargo del juzgamiento.

Durante la instalación del tribunal, Vallejo señaló: «Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido». La legisladora catalogó la coyuntura como «una jornada siniestra en el ámbito financiero», alertando que la caída de la corporación crediticia impacta a tres millones de paraguayos y compromete los recursos de diversas entidades públicas que «han perdido y van a perder sus ahorros».

Deterioro financiero de Ueno bank y cuestionamientos al Ejecutivo

El conflicto estalló luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) determinó el martes el inicio de un esquema de resolución sobre Ueno bank. La entidad reguladora verificó que los niveles de solvencia de la institución bancaria cayeron por debajo del 50 % de las exigencias mínimas reglamentarias, desbalance derivado de ajustes a sus balances contables en medio de labores de regularización. Vallejo objetó el procedimiento del BCP afirmando que se dictó «una sentencia de muerte inmediata» sin aplicar una «previa intervención».

La medida del organismo regulador desencadenó protestas de miles de ahorradores preocupados por su capital, sumadas a la inquietud por cuantiosos montos públicos depositados allí, pertenecientes en su mayoría a los fondos de pensiones. Paralelamente, el expediente acusatorio sostiene la existencia de conflicto de intereses, prácticas de puertas giratorias y cooptación estatal, atribuyendo a Peña participación accionaria previa dentro de Ueno Holding, conglomerado matriz de Ueno bank. La fuente precisa que el presidente se desprendió de sus acciones de dicha sociedad en marzo de 2025.

Frente al desarrollo de los acontecimientos, Peña se manifestó a través de su cuenta de X prometiendo cooperar con las autoridades: «Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia».

Con este procedimiento legislativo, Santiago Peña se transforma en el segundo jefe de Estado en ser procesado mediante juicio político en la historia contemporánea de Paraguay, sumándose al antecedente de Fernando Lugo (2008-2012), quien resultó destituido por el Congreso.

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