La Contraloría General abrió un requerimiento formal dirigido a la Aeronáutica Civil con el propósito de esclarecer los recientes traumatismos en la actividad aérea del Aeropuerto Internacional El Dorado. La intervención fiscal busca determinar el origen y el impacto de los problemas surgidos en las plataformas de visualización radar, eventos que desencadenaron retrasos y represamiento de viajeros en la terminal de la capital.

Los cinco requerimientos clave del ente fiscalizador

La solicitud del órgano de control abarca un cuestionario puntual dividido en cinco aspectos estructurales, orientados a dimensionar la gravedad del incidente y la respuesta institucional:

  • Origen y tiempos de la avería: según el documento oficial, la autoridad aérea debe “remitir un informe detallado y sustentado sobre la novedad técnica presentada el 4 de noviembre de 2026 en los sistemas de visualización radar utilizados para la gestión del tránsito aéreo, precisando sus causas, hora de ocurrencia, sistemas y equipos afectados, tiempo de indisponibilidad, diagnóstico técnico realizado y hora de restablecimiento de la operación”.
  • Balance de afectación a usuarios: consolidado exacto de itinerarios modificados, discriminando itinerarios aplazados, anulados, con desvíos o reprogramaciones, junto con la lista de aerolíneas y terminales del país impactadas por la contingencia.
  • Planes de mitigación: explicación de los procedimientos técnicos, operativos y de contingencia que entraron en vigor durante la emergencia, además de las acciones para evitar futuros episodios.
  • Condición técnica y vigencia de los equipos: reporte sobre el ciclo de vida útil, tiempo de servicio y obsolescencia de los radares e instrumentos vinculados.
  • Soporte contractual y revisiones: auditoría sobre las labores de mantenimiento ejecutadas en los periodos 2025 y 2026, así como los acuerdos legales suscritos para garantizar su funcionamiento continuo.

Inspección al mantenimiento y contratos de la tecnología radar

Dentro de las pesquisas centrales, la Contraloría puso la lupa sobre el manejo preventivo y correctivo aplicado a los componentes que colapsaron. En ese sentido, requirió pormenores técnicos e institucionales, “precisando su antigüedad, vida útil, mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante las vigencias 2025 y 2026, contratos vigentes para su soporte y mantenimiento, fallas similares registradas y medidas adoptadas para evitar su recurrencia”.

Con esta documentación, el ente fiscalizador evaluará la gestión operativa de la entidad aeronáutica ante la alteración de la movilidad aérea nacional derivada de las fallas en la principal terminal del país.

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