La situación jurídica de la congresista María José Pizarro registra novedades tras conocerse declaraciones entregadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Fuentes vinculadas a las averiguaciones señalaron que la legisladora podría resultar vinculada formalmente al expediente bajo la sospecha de haber incurrido en tráfico de influencias, derivado de la vinculación contractual de Deicy Jiménez.

Aunque Pizarro sostuvo mediante un pronunciamiento público que ignoraba cualquier vínculo íntimo entre el expresidente Gustavo Petro y Jiménez —precisando además que su acercamiento con la mujer ocurrió cuando esta se desempeñaba como contratista en la Vicepresidencia—, el testimonio de Jiménez expone un escenario diferente. La información divulgada por la periodista D’Arcy Quinn a través del medio radial La FM detalla que Jiménez aseveró que Petro gestionó de manera directa su enganche laboral remitiéndole la hoja de vida a Pizarro. Incluso, la testigo manifestó haber presenciado comunicaciones telefónicas y mensajes virtuales sostenidos entre el mandatario y la congresista para coordinar dicha vinculación.

Diligencias judiciales y solicitudes formales

Frente al avance de los señalamientos, la propia María José Pizarro elevó una petición formal para ser oída por la Corte Suprema de Justicia, corporación que programará la diligencia correspondiente.

Por su parte, Jiménez acudió a una jornada de comparecencia ante el ente acusador que se extendió durante 15 horas y 45 minutos, concluyendo después de la medianoche. Tras salir de la diligencia, compartió una imagen en plataformas digitales señalando que su denuncia no aborda aspectos personales ni íntimos, sino una estructura irregular a la que rehusó pertenecer, argumentando que previamente carecía de garantías de seguridad para revelar los hechos y que se mantiene firme pese a las presiones.

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Pruebas técnicas y nuevas líneas de indagación

Dentro del material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación custodia el teléfono celular perteneciente a Jiménez. De este dispositivo se completaron copias forenses que ya integran la investigación penal y fueron distribuidas a la defensa técnica y a los demás sujetos procesales. En el análisis del aparato figuran presuntas conversaciones sostenidas con el expresidente Petro relativas a la distribución de su perfil profesional hacia diversos servidores públicos.

El proceso contempla además otros nombres de la administración gubernamental:

  • Angie Rodríguez, quien ejerció la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), compareció junto a Jiménez en las diligencias testimoniales.
  • Los investigadores interrogaron a las declarantes sobre otra ciudadana contratada en múltiples dependencias públicas, a quien ambas identificaron como parte del círculo cercano al expresidente, motivo por el cual los funcionarios judiciales proyectan llamarla a rendir testimonio.

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