Reservas Activas se declaran en resistencia contra gobierno de De la Espriella

Bogotá/Cali, 7 de agosto de 2026. Apenas horas después de que Abelardo de la Espriella asumiera formalmente la Presidencia de Colombia, una declaración del colectivo «Movimiento Reservas Activas del Pueblo» (R.A.P.) ha irrumpido en la esfera pública nacional. El comunicado, difundido a través de una cuenta de X atribuida a un sargento del Ejército Nacional, anuncia la «resistencia total y en pie de lucha» contra lo que el grupo califica como un «gobierno ilegítimo».

La declaración de las Reservas Activas del Pueblo

El documento, fechado en Bogotá el 7 de agosto de 2026, y presentado como una imagen, aborda varios puntos críticos. Principalmente, rechaza las recientes declaraciones atribuidas a De la Espriella sobre sus opositores políticos. El R.A.P. describe estas manifestaciones como una «incitación al odio» y una peligrosa «reedición del lenguaje de épocas violentas del país», haciendo una alusión clara a periodos de conflicto interno que han marcado la historia colombiana.

Un aspecto central del comunicado es el cuestionamiento directo a la legitimidad del nuevo mandatario. El grupo señala presuntos «vínculos históricos con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo». Cabe destacar que el documento no aporta pruebas verificables para sustentar estas graves acusaciones, un factor que genera debate sobre la solidez de sus afirmaciones. Adicionalmente, el R.A.P. manifiesta su rechazo a «cualquier injerencia extranjera», en lo que se interpreta como una velada referencia a Estados Unidos, país con una histórica y compleja relación con Colombia en asuntos de seguridad y política interna.

Acciones y fundamentos jurídicos de la resistencia

El Movimiento Reservas Activas del Pueblo ha anunciado una estrategia de movilización pública. Afirman que mantendrán una «presencia permanente en las calles» como su principal forma de protesta. Asimismo, emiten una advertencia clara: «cualquier acto de represión o persecución» contra sus miembros, líderes sociales o la ciudadanía en general será respondido de manera «organizada y proporcionada».

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Para respaldar jurídicamente su postura, el comunicado invoca el artículo 32, numeral 6, del Código Penal colombiano. Este apartado, referente a la «ausencia de responsabilidad», contempla la legítima defensa como una causal eximente. Esta referencia legal sugiere una preparación para enfrentar posibles confrontaciones, apelando a un derecho fundamental ante una percepción de agresión o ilegalidad por parte del Estado.

Orígenes y trayectoria de las Reservas Activas

El nombre «Reserva Activa del Pueblo» no es nuevo en el panorama político y social de Colombia. Este colectivo hizo su aparición pública durante el Paro Nacional de 2021, un periodo de profundas convulsiones sociales y protestas masivas en el país. En ese momento, un sector de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública se manifestó en apoyo a los manifestantes, denunciando abusos por parte de las autoridades. Esta acción los distanció de la línea oficial de las Fuerzas Militares y los posicionó como un actor crítico.

Desde entonces, el R.A.P. ha mantenido un perfil de oposición activa, particularmente a los sectores políticos de derecha, y ha mostrado una cercanía discursiva con el ala progresista del país. Su resurgimiento y declaración en este contexto presidencial subraya una continuidad en su agenda política y una disposición a intervenir en momentos clave de la vida nacional.

El contexto político y social en Colombia

La declaración de «resistencia total» por parte de las Reservas Activas del Pueblo se inscribe en un periodo de polarización política sostenida en Colombia. Las elecciones presidenciales de 2026, que llevaron a Abelardo de la Espriella al poder, estuvieron marcadas por un ambiente de alta tensión y un profundo clivaje ideológico. La narrativa de «gobierno ilegítimo» empleada por el R.A.P. refleja una desconfianza arraigada en un sector de la población, exacerbada por acusaciones históricas de vínculos entre la política y el crimen organizado, fenómenos que han permeado la esfera pública colombiana durante décadas.

La mención a «épocas violentas del país» no es trivial. Colombia ha vivido un conflicto armado interno prolongado, y el uso de un lenguaje incendiario o polarizador evoca recuerdos dolorosos y el temor al resurgimiento de confrontaciones. En este escenario, la aparición de grupos organizados, incluso si su influencia o capacidad real de movilización es objeto de debate, añade una capa de complejidad a la gobernabilidad del país y subraya los desafíos que enfrenta la nueva administración para construir consensos y reducir la profunda brecha de confianza entre diferentes facciones sociales y políticas.

La tensión entre el nuevo gobierno y movimientos sociales, como el R.A.P., es un indicativo de la persistente polarización en Colombia. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan estas dinámicas y cuál será el impacto de estas declaraciones en la estabilidad social y política del país.