Bogotá, Colombia. En un extenso mensaje difundido a la opinión pública, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha escalado el tono de sus denuncias, apuntando a una presunta campaña de persecución contra su círculo familiar y las fuerzas políticas progresistas. El mandatario anunció una serie de acciones judiciales por calumnia e injuria, al tiempo que convocó a sus seguidores a articular una «resistencia activa» de carácter no violento frente a la administración entrante.

La declaración de Petro, que se produce en un contexto de acentuada polarización política y a pocos días de la transición gubernamental, ha generado un amplio debate sobre el clima político en el país y las implicaciones de tales llamados por parte de un jefe de Estado.

Denuncias de hostigamiento familiar y acciones legales

El presidente Petro detalló incidentes específicos que, según él, constituyen acoso directo a sus familiares. Subrayó que su madre, de 83 años, habría sido objeto de insultos y un plantón frente a su residencia en Cajicá. En el mismo sentido, señaló que su padre, de 92 años, habría enfrentado manifestaciones y agresiones verbales por parte de vecinos en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá.

Ante estos episodios, Petro afirmó que solicitará formalmente a la Policía y a las autoridades competentes los registros de video y grabaciones de seguridad de los lugares mencionados. El objetivo es recopilar pruebas que respalden las denuncias y demandas civiles que, según advirtió, presentará una vez deje el cargo presidencial.

Según el mandatario, estas acciones legales no solo irán dirigidas contra quienes difundan información falsa o empleen expresiones injuriosas contra él o su familia, sino también contra el movimiento progresista en general, al que considera blanco de ataques sistemáticos.

El contexto de tensión política en Colombia

Las denuncias de Petro se inscriben en una coyuntura política colombiana caracterizada por una profunda división ideológica y social. Desde las elecciones presidenciales que lo llevaron al poder, la sociedad ha experimentado un incremento en la polarización, con confrontaciones discursivas constantes entre el progresismo y una oposición que se autodenomina defensora de los valores tradicionales y el modelo económico existente. Esta fricción se ha manifestado en debates acalorados sobre reformas sociales, económicas y políticas, así como en la movilización de distintas facciones sociales en apoyo o rechazo a la gestión gubernamental.

La retórica de «persecución» y «fascismo» empleada por un presidente saliente alude a una percepción de amenaza a los avances logrados por su coalición y a la integridad de sus seguidores, un argumento que busca consolidar la base de apoyo frente al cambio de gobierno. Esta retórica, aunque fuerte, no es ajena a la historia política reciente de Colombia, donde las transiciones de poder a menudo han estado marcadas por tensiones y acusaciones mutuas de intentos de deslegitimación.

Acusaciones de fascismo y el llamado a la «resistencia activa»

Uno de los puntos más polémicos del pronunciamiento de Petro fue su caracterización del momento político. El presidente aseguró que el «odio político» dirigido contra el progresismo constituye una expresión de «fascismo». Adicionalmente, sin presentar pruebas en su publicación, vinculó este fenómeno a supuestas campañas financiadas por «intereses extranjeros, el narcotráfico y el gobierno de Benjamin Netanyahu».

En este escenario, el mandatario hizo un llamado explícito a sus seguidores para organizar una «resistencia activa», enfatizando que esta debe ser estrictamente pacífica y enmarcada en la Constitución de 1991 y el derecho internacional. Petro propuso la conformación de «guardias de la libertad», descritas como comunidades organizadas y desarmadas, con especial énfasis en zonas campesinas, cuya función sería proteger los territorios y mantener una articulación mediante redes de comunicación con otras comunidades y con la Fuerza Pública.

El presidente también reiteró que, a su juicio, «las mayorías de Colombia son progresistas» y que el nuevo gobierno no representaría verdaderamente a la población mayoritaria.

Defensa de la gestión y llamado a la legalidad

Finalizando su mensaje, Petro defendió la labor de su administración, calificándola como «uno de los mejores gobiernos de la historia». Afirmó categóricamente que durante su mandato no hubo robo de recursos públicos y que cualquier acto de corrupción debía ser llevado ante la justicia.

Asimismo, instó a sus simpatizantes a documentar cualquier agresión contra integrantes del movimiento progresista mediante fotografías y reportes, indicando que se habilitarán oficinas para recibir estas denuncias. Subrayó que la respuesta a estas agresiones debe mantenerse invariablemente dentro del ámbito de la legalidad, rechazando cualquier forma de violencia y reiterando su compromiso con la paz del país.

El pronunciamiento presidencial, con sus denuncias y el llamado a la movilización, constituye un hito en la actual transición gubernamental colombiana, augurando un período de intensa actividad política y judicial en los meses venideros.