Ministro Cancino detalla sometimiento: Sin negociación para grupos armados

Bogotá, Colombia – El ministro de Justicia, Iván Cancino, delineó ante el Congreso de la República los principios fundamentales de la política de sometimiento a la justicia que impulsa el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La premisa central es clara y contundente: quienes opten por acogerse a este mecanismo lo harán sin posibilidad de negociación, limitándose a aceptar las condiciones impuestas por el Estado.

Esta declaración subraya una de las líneas maestras de la administración De la Espriella, quien ha insistido en que su gobierno no entablará diálogos de paz con estructuras armadas y criminales. En lugar de mesas de diálogo, se ofrece la vía del sometimiento para aquellos que deseen abandonar las armas y las actividades ilegales.

Sometimiento sin voz negociadora: La postura del Gobierno

Cancino enfatizó que la diferencia cardinal entre este enfoque y un proceso de negociación radica en la ausencia de interlocución. “Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar”, afirmó el ministro, precisando que su única prerrogativa será manifestar su voluntad de someterse y, en consecuencia, aceptar los términos establecidos. Esto marca un cambio significativo respecto a modelos anteriores que permitían ciertos grados de diálogo sobre condiciones y beneficios.

Aunque se contempla un “trato diferenciado” para quienes se acojan, el ministro fue enfático en que este no se traducirá en impunidad ni en la apertura de canales de negociación. La política busca ser una expresión de la firmeza estatal frente a la criminalidad organizada.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

Medidas de reincorporación y «mano dura»

El Ministerio de Justicia trabaja en la formulación de proyectos sociales específicos, diseñados para facilitar la incorporación a la legalidad de quienes transiten por la vía del sometimiento. Estos programas, que se socializarán en las próximas semanas, constituyen una pieza clave para asegurar una transición efectiva y sostenible. No obstante, Cancino no detalló aún los pormenores de estos proyectos ni las condiciones de acceso, manteniendo la expectativa sobre su alcance y operatividad.

Paralelamente, el ministro reiteró la advertencia sobre la «mano dura» que enfrentarán quienes, deliberadamente, decidan persistir en la ilegalidad, dejando claro que el Estado actuará con toda la contundencia de la ley contra quienes no se acojan a este nuevo marco.

Contexto en el suroccidente colombiano: Desafíos y oportunidades

La política de sometimiento adquiere particular relevancia en regiones como el Valle del Cauca, Cauca y Putumayo, zonas históricamente golpeadas por la presencia de grupos armados y el narcotráfico. El suroccidente colombiano, con sus complejos entramados sociales y geográficos, ha sido epicentro de disputas territoriales y económicas que han alimentado el conflicto. La coexistencia de economías ilícitas como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, junto con la presencia de disidencias de grupos armados y organizaciones criminales, ha generado un ciclo de violencia y precariedad.

En este escenario, la oferta de un sometimiento sin negociación podría ser percibida de manera dual: por un lado, una oportunidad para quienes genuinamente desean desmovilizarse y reconstruir sus vidas sin tener la capacidad de imponer condiciones; por otro, un desafío para el Estado, que deberá demostrar la efectividad de sus programas de reincorporación en un contexto de profunda desigualdad y falta de oportunidades. La credibilidad de esta política dependerá en gran medida de su capacidad para generar confianza y ofrecer alternativas tangibles en territorios donde la institucionalidad a menudo se percibe como débil o ausente.

Grupos en procesos anteriores: Un mecanismo diferencial

La nueva política contempla también a grupos armados que ya habían participado en procesos bajo la extinta política de “Paz Total”. Cancino indicó que se está desarrollando un “mecanismo de sometimiento diferencial” para estos colectivos, con el fin de que puedan continuar su tránsito hacia la legalidad, aunque bajo las nuevas directrices.

El ministro mencionó que se mantienen conversaciones con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y otras entidades estatales para articular este mecanismo, sin especificar los grupos implicados. No obstante, en el panorama nacional existen casos como el Frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que en abril de 2025 entregó armamento significativo, y los 99 exintegrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que depusieron las armas en junio. Aunque estos últimos fueron trasladados a una Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha asegurado la continuidad de su atención en el programa de reincorporación.

La intención gubernamental es establecer un marco que, si bien diferencie las condiciones según el origen y la trayectoria de los grupos, no permita que el sometimiento se convierta en una puerta trasera para nuevas mesas de negociación. La administración del presidente De la Espriella espera presentar los detalles finales de este modelo en las próximas dos semanas, consolidando así un enfoque que busca redefinir la relación del Estado con los grupos armados al margen de la ley en Colombia.