La figura de Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como ‘Epa Colombia’, ha vuelto a generar revuelo en la opinión pública y las redes sociales. Este reciente episodio surge a partir de la difusión de un video por parte de su colega y amiga, Yina Calderón, en el cual Barrera Rojas es vista durante un traslado judicial, pronunciando acusaciones de «persecución y tortura».
La difusión del video y las denuncias
El material audiovisual, cuya veracidad y contexto han sido confirmados, muestra a ‘Epa Colombia’ siendo trasladada desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, con destino a los juzgados del sector de Los Arrayanes en la misma ciudad. Durante el trayecto, se escucha a la empresaria de productos capilares expresar con vehemencia: “Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura”.
Yina Calderón, al compartir este contenido en sus plataformas digitales, no solo amplificó el mensaje de Barrera Rojas, sino que también hizo un llamado público para intervenir en la situación. Calderón manifestó su convicción de que su amiga está siendo víctima de una injusticia y solicitó la atención de figuras públicas, incluyendo un apelativo al jurista y político Abelardo de la Espriella, para que evalúe y, de ser posible, intervenga en el caso.
El contexto legal de Daneidy Barrera Rojas
Daneidy Barrera Rojas cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión, impuesta por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas. Estos cargos se derivan de los destrozos ocasionados a instalaciones del sistema TransMilenio en Bogotá durante las jornadas de protesta social de noviembre de 2019. La pena incluyó también una multa de aproximadamente 492 millones de pesos y la inhabilitación para ejercer como influencer por el mismo periodo de la condena.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →La empresaria ingresó a un centro de reclusión en enero de 2025 – según los datos aportados, se trataría de una fe de erratas, siendo el periodo actual de reclusión –, y posteriormente fue trasladada a la cárcel de Picaleña en Ibagué. Este traslado ha implicado una modificación en la logística de sus comparecencias judiciales, requiriendo constantes movilizaciones hacia los juzgados, situación que, según las denuncias, está generando un desgaste y una sensación de acoso en Barrera Rojas.
La publicación de Calderón se suma a un historial de cuestionamientos sobre las condiciones en que ‘Epa Colombia’ es trasladada, donde el uso de esposas y otros dispositivos de sujeción ha sido objeto de debate y crítica por parte de sus seguidores y defensores.
Un historial de polémicas y sanciones
Paralelamente a su situación legal, la empresa de productos capilares de Daneidy Barrera Rojas ha enfrentado sus propios desafíos. Recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción a la compañía por incumplimientos relacionados con las normas de protección al consumidor. Estas infracciones habrían estado ligadas a publicidad engañosa y deficiencias en la calidad de los productos, afectando la confianza de los consumidores.
La trayectoria de ‘Epa Colombia’ ha estado marcada por una constante presencia mediática, transitando desde la viralidad en redes sociales hasta convertirse en una empresaria reconocida, pero siempre bajo el ojo público y envuelta en diversas controversias. Su condena generó un precedente en el país sobre la responsabilidad de los creadores de contenido digital y el impacto de sus acciones en el espacio público.
Ibagué y el sistema penitenciario: un contexto complejo
La ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, no es ajena a la problemática carcelaria en Colombia. El Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba Picaleña, es una de las prisiones más grandes del país y, como muchas otras, enfrenta retos significativos en materia de hacinamiento, infraestructura y garantía de derechos humanos para los reclusos. La situación de ‘Epa Colombia’ pone de manifiesto, una vez más, las condiciones en las que se realizan los traslados y comparecencias judiciales de personas privadas de la libertad en Colombia, un tema recurrente en los informes de organismos de control y organizaciones defensoras de derechos humanos. La denuncia de «persecución» reabre la discusión sobre si el trato a los reclusos en Colombia siempre se ajusta a los principios de dignidad y respeto por los derechos fundamentales, más allá de la gravedad de los delitos cometidos.
La expectativa ahora se centra en si las denuncias de Yina Calderón y el video difundido lograrán generar una revisión de los protocolos aplicados a Barrera Rojas o si, por el contrario, su caso seguirá el curso establecido dentro del marco de la justicia colombiana.
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