Juez niega prisión preventiva a ocho implicados en caso Lili Pink

Bogotá, Colombia – Un juez de control de garantías negó la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad contra ocho personas imputadas por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y contrabando que involucra a la cadena de tiendas Lili Pink. La decisión judicial se fundamentó en la falta de especificidad y contundencia en la argumentación de la Fiscalía para vincular de manera concreta a los procesados con los delitos.

Los imputados, identificados como Max Marvin Abadi, David Max Abadi, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López, Malaquilla Bismar y Merlín Roxana Mendoza, deberán defenderse en libertad, aunque la investigación en su contra continúa. La Fiscalía había señalado la existencia de una estructura criminal transnacional, operativa desde 2013, que habría utilizado empresas fachada en Colombia y Panamá para introducir mercancías ilícitas y ocultar el origen de dineros.

La sustentación de la Fiscalía bajo escrutinio judicial

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez de control de garantías cuestionó la forma en que la Fiscalía presentó los elementos probatorios contra cada uno de los procesados. El despacho concluyó que la argumentación no alcanzó el estándar requerido para imponer una medida privativa de la libertad, al no poder establecer una inferencia razonable de autoría o participación dolosa.

Reparos específicos del juzgado

Falta de identificación concreta de actos ilícitos: El juez señaló que la Fiscalía presentó «actas, poderes y trámites sin indicar el acto fraudulento ni su contenido», y no precisó «cuál trámite era simulado, qué documento contenía una falsedad, cuál operación conocida como ilícita ni qué aporte esencial realizó» por parte de los imputados.
Conversaciones bancarias no relacionadas: Se reprodujeron comunicaciones bancarias sobre tesorería, negociación de divisas y reintegros, pero no se vincularon de manera suficiente con una transacción criminal específica, sin identificar «el contrato, la factura, la declaración de cambio, el origen del dinero» que evidenciara su carácter ilícito.
Incongruencia patrimonial sin prueba de dolo: En el caso de Jonnatan Villamil Soler, se contrastaron sus cargos societarios con sus ingresos, pero el juez determinó que la incongruencia patrimonial, si bien justifica una investigación, «no prueba automáticamente que Jonathan conociera un delito aduanero o la procedencia ilícita de los recursos».
Deficiencia en la vinculación probatoria: El juzgado enfatizó que la Fiscalía no precisó, respecto de cada procesado y de cada delito, qué elemento material probatorio o evidencia física respaldaba cada hecho jurídicamente relevante, ni cómo estos elementos permitían inferir la participación dolosa de los investigados.

La conclusión del juez fue contundente: «la exposición general de la Fiscalía no supera ese estándar mínimo de inferencia razonable de autoría, coautoría o participación integral requerido para la procedencia de la medida de aseguramiento privativa de la libertad solicitada».

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Contexto del caso Lili Pink y su impacto económico

El caso Lili Pink no solo atrae la atención por las implicaciones judiciales, sino también por el impacto que tiene en el sector empresarial y la percepción de legalidad en las operaciones comerciales en Colombia. La cadena de ropa interior, reconocida por su presencia masiva en centros comerciales a nivel nacional, ha sido objeto de una investigación que se extiende desde 2022 y que apunta a prácticas de contrabando y lavado de activos.

Este tipo de investigaciones resalta la persistente lucha del Estado colombiano contra las redes de contrabando y la necesidad de mayor transparencia en la importación de mercancías. Históricamente, el contrabando ha representado un desafío significativo para la economía nacional, afectando la competitividad de la industria local y generando pérdidas millonarias en impuestos. Las autoridades, como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía, han intensificado los operativos para desmantelar estas estructuras, que no solo distorsionan el mercado, sino que a menudo se vinculan con el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas más amplias. La presión sobre las empresas para que demuestren la legalidad de sus cadenas de suministro y el origen de sus capitales se ha vuelto un pilar fundamental en la estrategia de seguridad económica del país.

Medidas cautelares y un implicado en prisión

Aunque los ocho empresarios mencionados se defenderán en libertad, la Fiscalía ha ampliado las medidas cautelares sobre bienes relacionados con la investigación. Es importante señalar que, dentro de este mismo expediente, otro juez de control de garantías sí impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Walter Martínez, por su presunta vinculación en el entramado criminal. Esto sugiere que, si bien la Fiscalía enfrentó dificultades en la sustentación de algunos casos, la investigación contra la supuesta red sigue en curso con elementos probatorios que sí han permitido la detención de al menos uno de los implicados.