Terrenos públicos en Puerto Colombia: USD 120 millones en disputa

Puerto Colombia, un municipio costero de Atlántico con un alto potencial de desarrollo turístico e inmobiliario, se encuentra en el ojo del huracán mediático debido a la polémica desatada por la presunta cesión irregular de dos extensos terrenos de uso público a manos de particulares. El valor estimado de estos predios asciende a 120 mil millones de pesos, según ha revelado Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico.

La controversia gira en torno a la autenticidad y legalidad de actos administrativos emitidos durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, entre 2016 y 2019. Tanto la administración actual como el gremio de la construcción han alzado la voz, denunciando lo que consideran irregularidades graves que podrían configurar delitos de fraude procesal y negligencia por parte de las notarías involucradas.

Origen de la polémica: Lotes para uso público convertidos en privados

Los dos predios en cuestión, cuyo destino original era el uso público, fueron cedidos al municipio de Puerto Colombia por la empresa Cementos Argos. Estos terrenos estaban destinados a proyectos de infraestructura y zonas verdes, elementos cruciales para el desarrollo urbano planificado.

El caso del lote de 33.637 metros cuadrados

Cesión inicial: En 2011, Cementos Argos entregó este terreno al municipio para uso público.
Transferencia irregular: En 2017, un acto administrativo presuntamente firmado por Steimer Mantilla Rolong, entonces alcalde, habría cedido gratuitamente el predio a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.
Descubrimiento y denuncia: La administración municipal de Wilman Vargas Altahona detectó la situación en 2023. Se constató que el terreno figuraba a nombre de Montoya Hoyos desde febrero de 2022. La resolución que supuestamente sustentaba esta transferencia no reposa en los archivos oficiales de la Alcaldía.
Acciones legales: Se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por presuntas anomalías en la documentación.

El caso del predio en la Vía al Mar

Características: Un terreno de 5.082 metros cuadrados, ubicado estratégicamente sobre la Vía al Mar.
Destino original: Desde 2011, fue establecido como cesión obligatoria para el municipio, destinado específicamente como zona verde.
Transferencia irregular: El 9 de noviembre de 2017, también bajo la administración de Mantilla, se expidió la Resolución 049, mediante la cual el municipio habría cedido de forma gratuita el predio a Francisco Javier Pizarro Guerra.
Disputa actual: La administración de Plinio Cedeño solicitó la cancelación del registro a nombre de Pizarro Guerra. Sin embargo, la Superintendencia de Notariado y Registro determinó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no puede anular esa inscripción sin una decisión judicial previa, dejando el caso en manos de la justicia.

Posturas y acciones legales de las partes

La situación ha generado una serie de pronunciamientos y acciones legales que buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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La defensa de los bienes públicos

Jorge Segebre, presidente de Camacol Atlántico, ha calificado los hechos como un «atropello contra la comunidad» y una afrenta al compromiso urbanístico. Su llamado es claro: «devolverle a la gente lo que le corresponde por ley», señalando que las investigaciones fiscales deben identificar y condenar a los responsables, pero sin permitir la pérdida de espacios públicos de tal magnitud.

El alcalde actual, Plinio Cedeño, ha reafirmado el compromiso de su administración con la defensa de los terrenos y ha presentado las denuncias pertinentes ante la Fiscalía. Cedeño sostiene que se trata de bienes de uso público que no podían ser transferidos a particulares y que el municipio está agotando todas las vías legales para lograr su recuperación.

La versión del exalcalde Steimer Mantilla

Por su parte, Steimer Mantilla Rolong ha negado rotundamente haber firmado las resoluciones de adjudicación. Asegura que son actos fraudulentos que deben ser revocados y ha presentado su propia denuncia penal, solicitando cotejos grafológicos de su firma para demostrar la falsedad de los documentos. Mantilla también ha puesto en entredicho el largo periodo transcurrido entre las supuestas adjudicaciones (2017) y el registro en instrumentos públicos (varios años después), sugiriendo que la tardanza contradice la lógica de quien adquiere un bien de alto valor.

Contexto del desarrollo urbanístico en el Atlántico

El departamento del Atlántico, y en particular su zona costera como Puerto Colombia, ha experimentado un notable crecimiento urbanístico y turístico en las últimas décadas. La valorización del suelo, especialmente en áreas con acceso al mar o con potencial de desarrollo inmobiliario, ha generado un interés creciente por la adquisición y explotación de terrenos. En este contexto, la disponibilidad y conservación de espacios públicos se vuelve un factor crítico para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los habitantes. La controversia por estos predios subraya la importancia de la transparencia en la gestión de bienes municipales y la necesidad de mecanismos robustos para prevenir la apropiación indebida de recursos que, por ley, pertenecen a la comunidad. La resolución de este caso no solo impactará el patrimonio de Puerto Colombia, sino que también sentará un precedente sobre la integridad de la administración pública y la seguridad jurídica en la región.