Bogotá, Colombia – La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, abogado y aspirante al máximo cargo ejecutivo del país, se ha visto envuelta en una controversia significativa tras las recientes denuncias presentadas por la familia de Rosa Elvira Cely, la icónica víctima de feminicidio en Colombia, y un grupo de mujeres afectadas por el pastor Álvaro Javier Gámez. Señal Investigativa ha revelado detalles que apuntan a presunto maltrato y revictimización, así como a la atribución falsa de la autoría de la Ley Rosa Elvira Cely, situación que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la idoneidad del candidato.

Las acusaciones resuenan en un contexto nacional donde la polarización política y el debate sobre la justicia y la dignidad de las víctimas son centrales. En Colombia, los casos de feminicidio y abuso sexual han impulsado movimientos sociales que demandan un sistema judicial más garantista y sensible. La figura de Rosa Elvira Cely, cuyo brutal asesinato en 2012 conmocionó al país, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, llevando a la promulgación de una ley que lleva su nombre.

Casos Emblemáticos Reviven en la Coyuntura Electoral

El caso del Pastor Gámez: Revictimización en los tribunales

En el año 2012, Colombia fue testigo de denuncias impactantes. Por un lado, 23 mujeres acusaron al pastor evangélico Álvaro Javier Gámez Torres de abuso sexual, perpetrado presuntamente mediante manipulación espiritual y psicológica en la Iglesia Salem, ubicada en Pasto, Nariño. La defensa del pastor Gámez fue asumida por Abelardo de la Espriella. Las denunciantes alegan que en el proceso judicial, De la Espriella las tildó de ‘trepadoras’ y cuestionó su credibilidad, un comportamiento que hoy, ante su aspiración presidencial, es calificado como una ofensa directa a su dignidad y una clara revictimización.

Las denuncias de la familia de Rosa Elvira Cely

Simultáneamente, el atroz feminicidio de Rosa Elvira Cely en Bogotá marcó un punto de inflexión en la legislación colombiana. Ahora, Adriana Cely, hermana de la víctima, y la abogada Isabel Agatón, reconocida como la verdadera autora de la ley que tipifica el feminicidio, han desmentido categóricamente al candidato de la Espriella, quien se atribuyó públicamente la creación de dicha normativa.

  • Negación de autoría: Ambas mujeres han declarado que De la Espriella no tuvo participación alguna en la elaboración, impulso o aprobación de la Ley de Feminicidio (Ley Rosa Elvira Cely) en el Congreso.
  • Maltrato y ruptura procesal: La familia Cely ha expuesto el trato recibido por parte del abogado y su bufete durante el proceso penal, que describen como un «calvario» y una experiencia de «profundo maltrato». Esta situación los llevó a romper de manera unilateral cualquier contrato con su firma legal, e incluso a revocar el poder para impedir que su bufete manejara la reparación económica a la que tenían derecho.

Contexto de la Lucha por la Justicia de Género en Colombia

La Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, significó un avance crucial en la comprensión y sanción de la violencia contra las mujeres en Colombia, al tipificar el feminicidio como delito autónomo. Antes de esta ley, los asesinatos de mujeres por razones de género solían ser juzgados como homicidios simples, invisibilizando la motivación patriarcal detrás de estos crímenes. La lucha por su adopción fue liderada por colectivos feministas, organizaciones de derechos humanos y juristas comprometidas, como Isabel Agatón, quienes entendieron la necesidad de una herramienta legal específica que reconociera la dimensión de género de la violencia letal contra las mujeres. Este contexto es fundamental para comprender la gravedad de que un actor político se atribuya tan ligeramente el mérito de una normativa forjada en la movilización social y el dolor de las víctimas.

Implicaciones Políticas y Éticas

Las revelaciones de Señal Investigativa han puesto en el centro del debate la conducta de De la Espriella como abogado y figura pública. Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que los entornos religiosos no pueden ser zonas de impunidad y que el acceso a una justicia pronta y con enfoque de género es un derecho fundamental. Para las denunciantes, la aspiración presidencial de quien basó su estrategia legal en la ‘ofensa y el menoscabo de la dignidad de las mujeres’ representa una «contradicción ética» y una «ofensa directa» a su sufrimiento.

La Corte Suprema de Justicia se encuentra estudiando un recurso relacionado con el caso del pastor Gámez, que podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia colombiana sobre el abuso de poder y la violencia sexual en contextos religiosos. Este desarrollo subraya la necesidad de una mirada crítica y un escrutinio constante sobre el papel de los actores judiciales y políticos en la protección y garantía de los derechos de las víctimas.

Las denuncias actuales contra Abelardo de la Espriella abren interrogantes serios sobre los estándares éticos esperados de un candidato presidencial y el impacto de su trayectoria profesional en la percepción pública y la confianza en las instituciones.