Expedientes limítrofes engavetados en el Congreso ponen en disputa 7.000 hectáreas

Cuatro expedientes limítrofes, considerados clave para la delimitación territorial en Colombia, se encuentran estancados en el Congreso, generando una disputa por aproximadamente 7.000 hectáreas en diversas regiones. Estos procesos, que involucran a departamentos como Norte de Santander, Boyacá y Cesar, conllevan la definición de la administración de billonarios recursos provenientes de impuestos, regalías y la explotación de hidrocarburos.

Los litigios se iniciaron o reactivaron durante las administraciones de gobernadores como Didier Tavera (Santander), Franco Ovalle (Cesar), William Villamizar (Norte de Santander) y Carlos Amaya (Boyacá).

La disputa entre Boyacá y Norte de Santander

Uno de los casos más relevantes es el que enfrenta a Norte de Santander y Boyacá desde 2017 por la definición de los límites compartidos. Este diferendo, uno de los trece expedientes represados en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado, involucra una zona estratégica entre los municipios de Cubará (Boyacá) y Toledo (Norte de Santander).

Yacimiento de gas de Gibraltar en el centro de la controversia

El epicentro de esta disputa es el yacimiento de gas de la planta Gibraltar, administrado por Ecopetrol desde principios de 2024. Este complejo genera 27 millones de pies cúbicos de gas diarios. La zona en cuestión, que también configura un corredor fronterizo con Venezuela y alberga al resguardo Indígena Unido U’wa, abarca aproximadamente 600 hectáreas.

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Un informe de ponencia de la representante Karen Manrique, aprobado en la Cámara en diciembre de 2024, otorgó un «visto bueno» a Boyacá, lo que implicaría que la administración de Carlos Amaya obtendría el control pleno sobre el corregimiento de Gibraltar. La decisión se fundamentó en la «historia y el arraigo cultural» con la región boyacense.

Anteriormente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya había fallado a favor de Boyacá, concediéndole más del 99,5 % de las regalías anuales de la planta Gibraltar. Esto se tradujo en COP 2.486 millones para Cubará provenientes del presupuesto del Sistema General de Regalías para inversión entre 2025 y 2026. Toledo, por su parte, recibe tan solo el 0,40 % de esas transferencias.

Intereses económicos y estancamiento legislativo

La reactivación de este pulso en mayo de 2017 se dio cuando el gobernador Villamizar solicitó la revisión de los límites con Boyacá, enfatizando la importancia del gasoducto y los réditos económicos. También se puso foco en la extracción de carbón, actividad que ha generado más de 75.000 empleos directos en Norte de Santander hasta enero de este año, concentrándose una fracción de esa cifra en las minas compartidas por ambos municipios.

A pesar de la riqueza en yacimientos de gas, congresistas de la región han señalado que la zona es «muy pobre», sin gas, buenos servicios públicos ni educación, atribuyendo el olvido al diferendo limítrofe. Voces de Boyacá en el Legislativo sugieren que el estancamiento del expediente en el Senado se debe a los «muchos intereses de Norte de Santander por quedarse con esos yacimientos de gas». El Espectador intentó contactar al bloque nortesantandereano y a las autoridades departamentales, sin obtener respuesta.

Resolución de Distrito Especial Minero en Toledo

Mientras el proceso de deslinde sigue sin avances significativos en las últimas dos legislaturas, el municipio de Toledo fue integrado en un Distrito Especial Minero mediante la resolución 40344, firmada por el exministro de Minas y Energía Edwin Palma a finales de julio. Este documento busca:

Promover la formalización y asociatividad de la minería de pequeña escala.
Impulsar actividades de extracción de carbón, materiales de construcción y arenas silíceas.
Fomentar la diversificación productiva y la adopción de buenas prácticas.
Garantizar la seguridad minera y el desarrollo sostenible de la actividad minera.

La resolución también otorga competencias para que la cartera, actualmente a cargo de Noemí Arboleda, extienda los límites del Distrito, lo que podría afectar la zona actualmente en disputa con Boyacá.