Defensa de Olmedo López acude a tutela por traslado a cárcel de la Picota y embargo de bienes a involucrados en Caso UNGRD

La defensa de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), ha interpuesto una acción de tutela ante un juez de Bogotá. El objetivo es lograr que López sea nuevamente recluido en una guarnición militar, argumentando que su vida corre peligro si permanece en la cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital colombiana.

Según José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, mantenerlo en la cárcel de máxima seguridad La Picota lo expone a riesgos, especialmente considerando su rol como testigo clave en el entramado de corrupción de la UNGRD. Moreno señaló que, si López fuera silenciado, los principales responsables del escándalo se beneficiarían. El exfuncionario es testigo de cargo contra al menos 27 individuos, incluyendo exministros, excongresistas y contratistas del gobierno anterior.

Incumplimiento de orden judicial y preocupación por seguridad

La defensa de López sostiene que el INPEC vulneró una orden judicial previa que establecía su detención en una guarnición militar. El abogado Moreno enfatizó que la solicitud no es para su libertad ni un privilegio, sino para proteger la vida de un testigo esencial y asegurar la verdad en el caso. También cuestionó que López comparta el mismo centro de reclusión con otros implicados en el escándalo, como los excongresistas Iván Name, Wadith Manzur y Andrés Calle.

Esta acción de tutela se suma a una medida correctiva que espera revisión del despacho del juez 25 de control de garantías de Bogotá, para determinar la procedencia del traslado a La Picota. Moreno afirmó: «No permitiremos que Olmedo López se convierta en un testigo de bolsillo, él solo declarará en lo que le corresponde y de lo que sabe». Previamente, Olmedo de Jesús López Martínez estaba recluido en el Cantón Militar Caldas.

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Situación similar para Sneyder Pinilla

Por su parte, Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de desastres de la UNGRD, también denunció que el INPEC estaría desconociendo una orden judicial. Pinilla, quien estaba detenido en la Escuela de Artillería, cuenta con una orden judicial vigente para permanecer en un centro de reclusión militar. La defensa de Pinilla subraya que las decisiones judiciales deben respetarse y que la vida e integridad de su representado, quien colabora con la justicia, deben ser protegidas.

Embargo de bienes a involucrados en el escándalo de la UNGRD

En paralelo a estos movimientos judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha ejecutado un embargo sobre bienes de seis de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Las medidas cautelares afectan a 25 bienes, valorados preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos, distribuidos en varias ciudades y departamentos del país.

Bienes afectados por las medidas cautelares:

Iván Leónidas Name Vásquez: Cuatro activos en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca). Una de las medidas recae exclusivamente sobre el 33% de una propiedad.
Andrés Calle Aguas: Cuatro inmuebles en Montería (Córdoba).
Olmedo de Jesús López: Un inmueble en Medellín.
Sneyder Pinilla Álvarez: Un inmueble en Sabana de Torres (Santander).
Luis Eduardo López Rosero (‘El Pastuso’): Siete bienes en Pasto y Chachagüí (Nariño), y en Cúcuta (Norte de Santander).
Pedro Rodríguez Melo: Un predio en Tabio (Cundinamarca).

El director especializado de Extinción de Derecho de Dominio de la Fiscalía, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, informó que se trata de 19 inmuebles y 6 sociedades. Estos activos están ubicados o registrados en Bogotá; Medellín (Antioquia); Montería (Córdoba); Pasto y Chachagüí (Nariño); Sopó y Tabio (Cundinamarca); Cúcuta (Norte de Santander); Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander).

La Fiscalía indicó que hay sociedades que habrían sido utilizadas para maniobras destinadas a apropiarse de contratos de la UNGRD y desviar recursos. Agentes del CTI, en articulación con el Ejército Nacional, aplicaron estas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.