Debaten polémicos alivios judiciales a testaferros en el Congreso

Las discusiones legislativas en torno a la propuesta gubernamental de sometimiento a la justicia comienzan este miércoles 21 de octubre en el Congreso. La iniciativa, promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, fija los parámetros legales para la comparecencia de miembros de grupos armados al margen de la ley. No obstante, una sección específica del articulado desató reparos debido a las ventajas punitivas que concede a cooperadores sancionados por ilícitos financieros asociados a tales redes delictivas.

Las condiciones del tratamiento penal diferenciado

El foco del desacuerdo recae sobre el numeral 5 del artículo 66B, apartado que regula un régimen penal particular. Dicha norma contempla frenar la aplicación de la condena de manera condicional tras descontar doce meses de privación efectiva de la libertad. La medida favorecería a quienes hayan recibido sentencia judicial por prestar colaboración mediante las siguientes conductas:

Lavado de activos.
Testaferrato.
Enriquecimiento ilícito.

Para acceder a dicha suspensión, los infractores tendrían la obligación de entregar el patrimonio obtenido mediante actividades ilícitas y someterse a compromisos comprobables en materia de justicia restaurativa.

Cuestionamientos del senador Ariel Ávila

Frente a esta disposición, el senador Ariel Ávila expresó sus objeciones al señalar el impacto del articulado en los operadores financieros del crimen. De acuerdo con el legislador, la propuesta legislativa abriría la puerta a favorecer a sujetos que facilitaron respaldo económico a las agrupaciones armadas ilegales, aun cuando no hubiesen participado materialmente en sus acciones bélicas.

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