El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ha instruido la puesta en marcha inmediata de la primera fase de un plan de choque diseñado para abordar la crítica situación de la atención en el sistema de salud del país. El anuncio se realizó durante un consejo de ministros este lunes, 21 de septiembre, en un esfuerzo por desatascar los procedimientos médicos y la entrega de medicamentos pendientes que afectan a un número significativo de ciudadanos.
Según las declaraciones del mandatario, el plan busca impactar a más de 300.000 pacientes que, según datos preliminares, tienen procedimientos represados. La estrategia presidencial se centrará en una ruta clara: primero, la identificación precisa del paciente; segundo, la determinación del medicamento o procedimiento necesario; tercero, la liberación de los recursos económicos para garantizar la atención; y, finalmente, un seguimiento riguroso para asegurar la continuidad del tratamiento.
Mecanismo extraordinario de financiación y control
Para respaldar esta iniciativa, el presidente De la Espriella detalló la implementación de un «mecanismo extraordinario de compra de cartera dirigida con 0 % de interés». Sin embargo, el mandatario fue enfático al aclarar que esta medida no constituye un «cheque en blanco para las EPS». Subrayó que el Gobierno no duplicará pagos por servicios ya cubiertos ni reconocerá nuevamente atenciones que hayan sido saldadas previamente. El objetivo es proporcionar liquidez y agilizar la prestación de servicios pendientes sin incurrir en redundancias financieras.
La ejecución y supervisión de este plan contarán con la creación de una mesa técnica de control, en la que participarán la Superintendencia de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), conocida como el banco de la salud. De la Espriella enfatizó que, si bien el plan es extraordinario y temporal, «no reemplaza las obligaciones de las EPS» en el marco del sistema de salud actual.
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El propósito fundamental del plan de choque es saldar las atenciones represadas y asegurar la entrega de medicamentos que han sido postergados. Los datos que se han dado a conocer previamente por el Ministerio de Salud, en reuniones con actores del sistema como pacientes, hospitales y clínicas, pintan un panorama preocupante sobre la magnitud del problema.
Una ruta de identificación y depuración presentada por el Ministerio clasificaba a los pacientes según su nivel de riesgo:
- Nivel crítico: Incluye a pacientes con riesgo vital o de pérdida irreversible de la respuesta terapéutica. Aquí se encuentran casos de cáncer, VIH, diabetes insulinodependiente, enfermedades huérfanas y quienes necesitan trasplantes. Se han registrado 318.094 afiliados con 844.952 registros de medicamentos en esta categoría de criticidad “muy alta”. Para procedimientos, esta categoría suma 94.402 afiliados y 155.635 registros.
- Gestantes sin control prenatal: Alrededor de 109.062 gestantes sin control prenatal durante más de 45 días y 33.857 en el tercer trimestre con menos de cuatro controles, evidenciando una brecha crítica en la atención materno-infantil.
- Nivel de alta probabilidad de hospitalización: Pacientes con EPOC, asma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y problemas de salud mental, así como gestantes que requieren tratamientos esenciales durante el embarazo.
- Nivel de riesgo de descompensación progresiva: Comprende a pacientes con hipertensión, diabetes tipo 2 estable, dislipidemia e hipotiroidismo.
La ruta ministerial busca validar cada caso, establecer su nivel de criticidad, gestionar la entrega efectiva de medicamentos y procedimientos, y finalmente, verificar la continuidad del tratamiento. Sin embargo, la financiación ha sido un punto de preocupación, y el Ministerio de Salud aún no ha detallado públicamente el origen de los recursos que sustentarán financieramente esta ambiciosa iniciativa.
El contexto de la salud en Colombia
La crisis en el sistema de salud colombiano es una problemática recurrente y multifactorial que ha generado debates y reformas a lo largo de décadas. El modelo mixto, donde interactúan entidades promotoras de salud (EPS) públicas y privadas, así como instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), ha enfrentado desafíos persistentes relacionados con la sostenibilidad financiera, el acceso equitativo a los servicios y la calidad de la atención. Las quejas por demoras en citas, autorizaciones de procedimientos, entrega de medicamentos y la dificultad de acceso a especialistas son pan de cada día para muchos ciudadanos.
A esto se suma la tensión constante por el flujo de recursos entre los diferentes actores, con quejas de las IPS y hospitales por el no pago oportuno de las EPS, y estas últimas, a su vez, argumentando insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este escenario, la intervención presidencial a través de un plan de choque subraya la urgencia de buscar soluciones rápidas ante una situación que impacta directamente la calidad de vida y la salud de millones de colombianos.
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