La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, ha sido convocada a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La citación, impulsada por la representante Luz Marina Gordillo, surge en medio de serias preocupaciones sobre las prolongadas demoras en los procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad y la aparente falta de un registro centralizado de casos de violencia sexual en los hogares de paso de la entidad.
Este llamado a rendir cuentas expone la tensión entre el mandato fundamental del ICBF de salvaguardar la niñez colombiana y las realidades operativas que, según las denuncias, estarían fallando en su ejecución.
Demoras Críticas en Restablecimiento de Derechos
El núcleo de la controversia radica en los tiempos de respuesta del ICBF. La ley colombiana establece un plazo máximo de dieciocho meses para completar los procesos de restablecimiento de derechos. Sin embargo, los datos y denuncias presentadas sugieren demoras que alcanzan hasta los cuatro años, un lapso inaceptable cuando la protección de niños, niñas y adolescentes está en juego.
Entre 2025 y el primer semestre de 2026, un total de 80.452 menores han ingresado a estos procesos, según cifras recopiladas por la representante Gordillo y la Procuraduría. La magnitud de esta cifra, combinada con las dilaciones reportadas, pinta un panorama de ineficiencia que podría dejar a miles de niños en situaciones de vulnerabilidad prolongada.
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Otro punto neurálgico del debate es la gestión de información sobre la violencia sexual. La congresista Gordillo ha puesto de manifiesto que el ICBF «no cuenta con una base de datos» consolidada que permita identificar los presuntos casos de violencia sexual ocurridos en los hogares de paso durante 2024, 2025 y lo que va de 2026. Esta respuesta de la propia entidad implica que, para conocer el alcance de esta problemática, sería necesario revisar «individualmente las historias de atención» de cada menor, una tarea ingente que dificulta una respuesta rápida y efectiva.
La falta de una herramienta que permita el rastreo y la identificación ágil de estos casos genera alarma, sugiriendo una debilidad estructural en la capacidad del ICBF para monitorear y actuar frente a una de las formas más atroces de vulneración de derechos infantiles dentro de sus propias instalaciones o de las operadas por terceros.
Investigaciones y Sanciones Pendientes
La representante Gordillo también reveló que, tras 176 visitas de inspección y vigilancia derivadas de denuncias, el ICBF decidió iniciar procesos administrativos sancionatorios contra 109 instituciones. Adicionalmente, 18 instituciones han sido sancionadas entre 2025 y 2026. Este dato, que equivale aproximadamente al 62% de las visitas, subraya una recurrencia de irregularidades en la operación de los entes encargados de la protección infantil y la necesidad de una supervisión más rigurosa.
Contexto Político y Administrativo del ICBF
El ICBF, con un presupuesto que ha crecido significativamente (pasando de COP 7,41 billones en 2022 a COP 11,46 billones proyectados para 2026), es una de las entidades con mayor ejecución presupuestal y reporta un notable incremento en la contratación por prestación de servicios. Esta expansión presupuestaria y contractual contrasta con las deficiencias operativas que ahora son objeto de control político.
La directora Restrepo, quien asumió su cargo el 12 de agosto, ha expresado que el gobierno anterior dejó «comprometida hasta el 31 de diciembre la contratación de personal, operadores y contratistas». Afirmó que ya se está estructurando una «renovación del ICBF para comenzar a ejecutar los cambios desde el 1.º de enero», en línea con una orden de austeridad presidencial.
Carolina Restrepo Cañavera es abogada de la Universidad Javeriana con especializaciones en Derecho Tributario, Administración de Empresas, Finanzas Corporativas, Negociación, Conciliación y Arbitraje, y Fiscalidad Internacional. Su experiencia profesional incluye la co-fundación de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub. Antes de su nombramiento, trabajó como jefa de debate del vicepresidente José Manuel Restrepo durante la campaña. Su gestión al frente del ICBF, una de las instituciones sociales más sensibles del país, enfrenta desde ya retos considerables.
Un historial de desafíos en el ICBF
Este debate de control político no es un evento aislado en la historia del ICBF. A lo largo de los años, la institución ha enfrentado recurrentes cuestionamientos sobre su eficiencia y la calidad de la protección que ofrece a los niños. Dirigentes como Concepción Baracaldo Aldana, Astrid Cáceres o incluso, en otro momento, por Nelly Patricia Mosquera, han sido citadas a debates similares. Los temas son constantes: desde la ejecución de recursos para la niñez y los hogares comunitarios hasta, precisamente, los casos de violencia sexual infantil y la atención a un millón de niños no atendidos.
La constante sucesión de directores y las mismas problemáticas persistentes revelan que los desafíos del ICBF son estructurales y trascienden las administraciones. La necesidad de una reforma profunda que garantice una protección eficaz y transparente para la niñez colombiana sigue siendo una prioridad inconclusa en la agenda nacional.
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