Crisis de EPS agudiza deuda hospitalaria: $25,7 billones en riesgo

La estabilidad financiera del sistema de salud colombiano se encuentra bajo una presión crítica. Un reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que la deuda total de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y otros actores a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) se disparó a $25,7 billones al cierre de 2025. De esta cifra alarmante, el 58% corresponde a cartera en mora, lo que representa un incremento significativo respecto a periodos anteriores y pone en jaque la operatividad de hospitales y clínicas en todo el país.

Radiografía de una deuda insostenible

El estudio de la ACHC, que recopiló datos de 232 instituciones, evidencia un crecimiento sostenido de la cartera. Desde junio de 2025, la deuda se incrementó en aproximadamente $1,7 billones, alcanzando los $25,7 billones en diciembre del mismo año. Más preocupante aún es el aumento en la proporción de la mora, que pasó del 56% a mediados de 2025 al 58% al cierre, reflejando dificultades crecientes en los flujos de pago.

La distribución de esta deuda subraya la concentración del problema en las EPS. El desglose es el siguiente:

EPS del régimen contributivo: 50,0% del total, equivalente a $12,9 billones.
EPS del régimen subsidiado: 27,6% del total, aproximadamente $7,1 billones.
Estado (entes territoriales, ADRES, extinto FOSYGA): 7,3% del total, cerca de $1,9 billones.
Aseguradoras SOAT: 2,5%.
Planes complementarios y medicina prepagada: 1,7%.
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL): 0,4%.

Las principales deudoras y sus implicaciones

Dentro del régimen contributivo, $11,8 billones corresponden a EPS que actualmente operan, mientras que cerca de $1 billón proviene de 17 entidades que están en proceso de liquidación o se retiraron voluntariamente. Entre las EPS activas con mayores pasivos, el informe señala a Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y Coosalud, que en conjunto adeudan cerca de $9,3 billones y acumulan una cartera en mora superior a los $5,6 billones. Caracol Radio, en un informe previo de noviembre de 2025, también identificó a Savia Salud, SOS y Capresoca como entidades con altos niveles de endeudamiento.

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A pesar de este panorama, algunas entidades como Fundación Salud Mía, Sura y Aliansalud muestran menores niveles de morosidad, con porcentajes de cartera en mora del 19,5%, 24,6% y 26,8%, respectivamente. Esto sugiere que las políticas de gestión de cartera y la solidez financiera varían considerablemente entre los actores del sistema.

Contexto socioeconómico en Colombia: un sistema de salud bajo escrutinio

La crisis de la deuda en el sector salud no es un fenómeno aislado; se inserta en un contexto de profundas discusiones sobre la viabilidad y reforma del sistema. Desde hace varios años, el modelo de salud colombiano, basado en la intermediación de las EPS, ha sido objeto de críticas por su sostenibilidad financiera y la calidad de la atención. Gobiernos anteriores y la actual administración han planteado la necesidad de ajustes estructurales.

La elevada deuda a las IPS afecta directamente la capacidad de los hospitales y clínicas para operar, mantener su infraestructura, pagar a su personal médico y adquirir insumos básicos. Esto tiene un impacto directo en la prestación de servicios, especialmente en regiones como el Valle del Cauca, Cali o Popayán, donde la población depende en gran medida de la red pública y privada. La falta de liquidez en las IPS se traduce en retrasos en citas médicas, procedimientos, escasez de medicamentos y, en última instancia, en un detrimento de la salud pública. La coyuntura política actual, marcada por los intentos de reforma a la salud del Gobierno Petro, añade una capa de incertidumbre y polarización, donde cada actor —EPS, clínicas, gremios médicos y el propio Ministerio de Salud— defiende sus intereses y visiones para el futuro del sistema.

Impacto en los usuarios y el futuro del sistema

La principal consecuencia de esta crisis la experimentan los ciudadanos. La falta de recursos en las IPS se traduce en barreras de acceso a servicios vitales, tratamientos y medicamentos. La calidad de la atención se resiente, afectando la confianza en el sistema y obligando a muchos a buscar alternativas o a enfrentar dilaciones que pueden ser fatales.

Los hospitales y clínicas, por su parte, enfrentan un círculo vicioso: la falta de pago afecta su liquidez, lo que les impide invertir en tecnología, modernizar sus instalaciones o contratar más personal. Esto genera un cuello de botella que agrava aún más la situación de los pacientes.

El panorama exige una intervención urgente y coordinada de todos los actores. La resolución de esta billonaria deuda no solo es crucial para la supervivencia de muchas instituciones de salud, sino también para garantizar el derecho fundamental a la salud de los millones de colombianos que dependen de un sistema que, en su estado actual, muestra signos de colapso financiero.