Valledupar, Cesar. En un desarrollo significativo para la justicia transicional colombiana, el coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez, quien comandó el Batallón de Artillería n.º 2 La Popa entre 2004 y 2005, admitió formalmente su responsabilidad de mando en la ejecución de 38 civiles que fueron presentados como bajas en combate. El reconocimiento se produjo durante una audiencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) celebrada en Valledupar.
La diligencia, que tuvo lugar frente a magistrados, familiares de las víctimas y delegados de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo, detalló que las unidades bajo el mando de Figueroa Suárez perpetraron 24 hechos criminales. Además de los falsos positivos, el exoficial aceptó su vinculación en 11 casos de desaparición forzada y 9 de tortura, imputados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
El Reconocimiento y sus Implicaciones
Durante la audiencia, Figueroa Suárez ofreció disculpas públicas a los asistentes y procedió a leer los nombres de las víctimas, un gesto que busca reivindicar su condición de ciudadanos inocentes y desvincularlos de cualquier relación con el conflicto armado. Este acto es parte del proceso de verdad plena que exige la JEP a los comparecientes para acceder a beneficios restaurativos.
La admisión del coronel en retiro se suma a una serie de reconocimientos similares en el marco del Caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Estos reconocimientos son cruciales para las víctimas y sus familiares, quienes a menudo han luchado por años para que la verdad sobre lo sucedido sea públicamente reconocida.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Los familiares y autoridades tradicionales presentes en la audiencia exigieron un esclarecimiento exhaustivo de la cadena de mando, con el objetivo de identificar a todos los responsables de estos crímenes. Además, pidieron la preservación de la memoria de sus seres queridos y garantías efectivas de no repetición, buscando que tales atrocidades no se repitan en el futuro del país.
Contexto de las Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia
El fenómeno de los «falsos positivos» representa uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano. Estas ejecuciones extrajudiciales, perpetradas principalmente por miembros del Ejército Nacional, consistieron en asesinar a civiles desmovilizados o personas ajenas al conflicto para presentarlos como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. El objetivo principal era inflar los resultados operacionales y obtener beneficios como ascensos, permisos o condecoraciones. La región Caribe, y particularmente el departamento del Cesar, donde operó el Batallón La Popa, fue uno de los escenarios donde estas prácticas se documentaron con mayor frecuencia y crudeza.
Los años 2004 y 2005, periodo en el que Figueroa Suárez comandó el batallón, coinciden con el pico de esta práctica. Durante la administración del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la política de «seguridad democrática» y la presión por mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia crearon un ambiente propicio para que este tipo de crímenes se proliferaran. La JEP ha identificado miles de víctimas en todo el país, y el trabajo de esclarecimiento continúa revelando la magnitud de estos crímenes de lesa humanidad.
Precedentes y el Camino de la Justicia Transicional
El caso de Figueroa Suárez no es aislado. La JEP ha recibido otros reconocimientos de responsabilidad por parte de altos mandos militares. Por ejemplo, en el subcaso Casanare, el mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 exintegrantes del Ejército han reconocido por escrito su responsabilidad. Asimismo, en el emblemático caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), ocho comparecientes han admitido crímenes similares.
Estos reconocimientos contrastan con la actitud de otros comparecientes, como los coroneles David Herley Guzmán Ramírez y Jorge Alberto Amor Páez, quienes han negado su responsabilidad, lo que ha llevado a la JEP a remitir sus procesos a la Unidad de Investigación y Acusación para que se les juzgue en un juicio adversarial si no aceptan los cargos. Esto subraya la complejidad y diversidad de respuestas dentro del sistema de justicia transicional.
La JEP, al validar los hallazgos de sus investigaciones a través de estos reconocimientos, fortalece su papel en la construcción de la verdad y la reparación a las víctimas. Testimonios como el del coronel (r) Rubén Darío Castro, quien en otra audiencia admitió la existencia de una «banda criminal al interior de la brigada» y el uso de gastos reservados para pagar señalamientos falsos, ofrecen una ventana cruda a las mecánicas internas que facilitaron la comisión de estos crímenes. Las motivaciones, que iban desde la obtención de beneficios hasta la presión por cumplir metas operacionales, fueron elementos determinantes en la escalada de los falsos positivos.
El proceso con Figueroa Suárez avanza hacia la elaboración de sanciones propias, que deben tener un componente restaurativo y reparador para las víctimas, además de contribuir a la verdad histórica de lo ocurrido en Colombia.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →
Comentarios recientes