ICE compra guantes eléctricos por US$16.7 millones y desata polémica en EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha formalizado la adquisición de 6.000 unidades de guantes eléctricos G.L.O.V.E. por un valor de 16.7 millones de dólares. Esta transacción, realizada mediante un contrato sin licitación a la empresa Compliant Technologies LLC, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos por parte de legisladores y organizaciones de derechos humanos, quienes alertan sobre los riesgos asociados al uso de dispositivos de descarga eléctrica en operativos migratorios y civiles.

La adquisición y el argumento de ICE

El contrato, adjudicado a Compliant Technologies LLC, una firma con sede en Kentucky, incluye no solo los dispositivos G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), sino también el equipo de apoyo y servicios asociados por un periodo inicial de seis meses. ICE clasifica estos guantes como herramientas de «distracción conductiva y desescalada», argumentando que representan una alternativa menos letal para controlar a individuos que presenten resistencia durante procedimientos de aplicación de la ley.

Según los documentos de contratación, los guantes G.L.O.V.E. están diseñados para parecerse a un guante convencional hasta que el agente activa su función eléctrica. La descarga requiere contacto directo con la piel y su objetivo es provocar una respuesta sensorial que facilite el control de una persona sin recurrir a armamento de mayor riesgo. La agencia federal planea implementar esta tecnología en:

Operativos de control migratorio.
Traslados de personas detenidas.
Situaciones de disturbios civiles.

ICE defiende que el uso de estos guantes contribuirá a minimizar la necesidad de armas potencialmente más peligrosas y subraya que su implementación estará sujeta a las políticas internas, entrenamientos rigurosos y mecanismos de control ya establecidos por la institución para asegurar un uso adecuado de la fuerza.

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Críticas y preocupaciones de legisladores y ONG

La noticia de esta compra ha provocado una reacción adversa significativa. La senadora Catherine Cortez Masto, junto con otros 15 senadores, ha instado a ICE a cancelar la adquisición, expresando profundas dudas sobre la justificación y las garantías para evitar un uso indebido de estos dispositivos. Las preocupaciones principales de los legisladores giran en torno a:

La proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos migratorios y civiles.
La seguridad médica de las personas sometidas a descargas eléctricas.
La capacitación adecuada de los agentes para el manejo de esta tecnología.
Los mecanismos de revisión y rendición de cuentas tras cada uso.

Organizaciones críticas han elevado la voz de alarma, enfatizando los riesgos inherentes de introducir una herramienta capaz de infligir dolor mediante descargas eléctricas, especialmente en procedimientos migratorios. Este escrutinio se intensifica en un contexto donde las actuaciones de ICE ya son objeto de constante revisión y controversia, y donde la vulnerabilidad de las poblaciones migrantes es un punto focal de debate público.

El contrato de proveedor único y su justificación

El hecho de que el contrato haya sido otorgado a Compliant Technologies LLC bajo la modalidad de proveedor único añade otra capa de discusión. ICE justificó esta decisión argumentando que la empresa era el único fabricante identificado que cumplía con las especificaciones técnicas exigidas para este tipo de dispositivo portátil. Esta modalidad, aunque legal bajo ciertas circunstancias, a menudo genera preguntas sobre la transparencia y la competencia en el proceso de contratación pública.

Contexto del debate sobre el uso de la fuerza en EE. UU.

Esta adquisición se enmarca en un debate más amplio y persistente en Estados Unidos sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias de seguridad y cumplimiento de la ley. En los últimos años, el país ha sido testigo de un intenso escrutinio público sobre las prácticas policiales y de inmigración, impulsado por movimientos sociales y la preocupación generalizada por los derechos civiles y humanos. La discusión sobre el uso de dispositivos como los guantes eléctricos G.L.O.V.E. no es nueva; herramientas similares como los táseres han sido objeto de análisis y controversia por su potencial de abuso y los riesgos para la salud de los individuos. Este escenario resalta la tensión constante entre la necesidad percibida de control y seguridad por parte del Estado y la protección de los derechos y la dignidad de las personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad como los migrantes.

Con la formalización de este contrato, los guantes G.L.O.V.E. dejan de ser una propuesta para convertirse en una herramienta potencial en el arsenal operativo de ICE, lo que augura un continuo debate sobre su implementación y las implicaciones éticas y legales de su uso.