El panorama de la política antinarcóticos en Colombia experimenta un giro significativo. El Gobierno ha derogado la resolución que mantenía en pausa la posibilidad de utilizar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. Esta determinación, que revoca una medida previa restrictiva, abre nuevamente la puerta a una estrategia que ha sido históricamente controvertida en el país y objeto de intensos debates públicos y legales.
La aspersión aérea de glifosato, una práctica suspendida en diversas ocasiones por preocupaciones ambientales y de salud pública, retoma así su estatus como una herramienta potencial en la lucha contra la producción de hoja de coca. La decisión gubernamental implica un cambio en la dirección política actual, que había priorizado la sustitución voluntaria y la erradicación manual como pilares de su estrategia antinarcóticos.
Historia reciente del glifosato en Colombia: un vaivén político
La discusión sobre el glifosato en Colombia tiene una trayectoria compleja y ha sido influenciada por decisiones judiciales, recomendaciones internacionales y cambios de gobierno. La aspersión aérea se implementó de manera intensiva durante el Plan Colombia a principios de los 2000, generando una fuerte oposición por parte de comunidades rurales y organizaciones ambientalistas debido a sus efectos colaterales.
Momentos clave en la regulación del glifosato:
- 1992-2015: Periodo de uso extensivo de la aspersión aérea con glifosato como estrategia principal de erradicación.
- 2015: La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica el glifosato como «probablemente cancerígeno para los seres humanos». La Corte Constitucional colombiana emite una sentencia clave que impone condiciones estrictas para su uso, incluyendo estudios científicos sobre el impacto en la salud y el medio ambiente, así como la consulta previa a comunidades afectadas. El Gobierno suspende el programa de aspersión.
- 2017-2019: Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y luego Iván Duque, se intentan buscar vías para reactivar la aspersión, enfrentando siempre barreras legales y judiciales que exigían el cumplimiento de las condiciones de la Corte.
- 2020: El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprueba el regreso de la aspersión aérea bajo estrictas condiciones, sin que se llegara a implementar de forma masiva.
- 2022-2024: El gobierno actual, bajo la administración de Gustavo Petro, había mantenido una postura contraria a la aspersión aérea, favoreciendo la sustitución de cultivos y la erradicación manual. La resolución ahora derogada buscaba formalizar esa suspensión.
La reciente derogación de la resolución representa un reajuste en esta política. Aunque no significa una reactivación inmediata de las fumigaciones, sí elimina una barrera administrativa importante para considerar nuevamente esta opción, condicionada, por supuesto, a futuras decisiones y al cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Implicaciones de la decisión y contexto nacional
La decisión de derogar la prohibición del glifosato se da en un contexto de compleja situación de seguridad y aumento de los cultivos ilícitos en varias regiones del país. En departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca y el Valle del Cauca, la presencia de coca ha sido un motor de economías ilegales, conflicto armado y desplazamiento forzado.
El suroccidente colombiano, con sus vastas zonas rurales y fronterizas, ha sido históricamente un epicentro de cultivos de coca, impactando directamente la vida de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La presión internacional, particularmente de Estados Unidos, por resultados contundentes en la reducción de la oferta de drogas, también es un factor constante en estas decisiones.
La reintroducción de la aspersión aérea, aunque sea como una posibilidad latente, genera inquietudes en el ámbito ambiental y social. Organizaciones de derechos humanos y comunidades rurales ya han expresado su preocupación por los posibles daños a la salud humana, la biodiversidad y los cultivos lícitos, así como la afectación de los procesos de sustitución voluntaria que se han intentado implementar.
El Gobierno se enfrenta ahora al desafío de equilibrar la necesidad de combatir el narcotráfico con las exigencias de protección ambiental y social, además de las condiciones impuestas por la Corte Constitucional, que siguen siendo un marco legal ineludible para cualquier programa de fumigación aérea.
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