Bajo argumentos de protección a la seguridad pública y defensa nacional, el Ministerio de Defensa declinó entregar precisiones sobre el armamento que utiliza el presidente Abelardo De la Espriella. La determinación oficial se conoció tras un requerimiento formal en el que se indagaba si el artefacto tiene los permisos al día, si figura registrado legalmente o si es de propiedad estatal o particular.

Fundamentos legales para mantener la reserva

A través de una comunicación emitida el 6 de noviembre de 2026, la cartera ministerial apeló a lo contemplado en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, normativa que ampara el secreto sobre asuntos sensibles de seguridad y defensa de la Nación. Según la institución, hacer públicos estos expedientes comprometería el orden y la protección colectiva.

De acuerdo con la postura fijada por la entidad, no resulta jurídicamente viable brindar reportes vinculados a:

  • Titularidad, propiedad o asignación del arma en cuestión.
  • Régimen de autorización o registros oficiales del dispositivo.
  • Verificación afirmativa o negativa sobre licencias individualizadas a nombre del jefe de Estado.

Fallo judicial e insistencia legislativa

Las consultas surgieron por iniciativa de la representante a la Cámara Mafe Carrascal, quien cuestionó la situación jurídica de la pistola que el mandatario suele portar y exhibir de forma pública. Para acceder a la documentación, la congresista interpuso previamente una acción de tutela.

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Dicho recurso fue admitido por el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que tuteló el derecho fundamental de petición y ordenó a las autoridades otorgar una respuesta de fondo en un término no mayor a 48 horas.

Anuncio de incidente de desacato

Tras evaluar la contestación del Ministerio de Defensa, Carrascal catalogó el pronunciamiento de insuficiente y advirtió que promoverá un trámite de desacato judicial para forzar el cumplimiento estricto de la decisión del juzgado.

La representante recalcó que es un asunto de relevancia colectiva esclarecer el estatus legal de dicho elemento y disipar las dudas sobre si corresponde a armamento restringido para el uso privativo de las Fuerzas Militares.

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