El acceso a techo propio enfrenta un panorama complejo en el país. Durante la inauguración del Congreso Colombiano de la Construcción de 2026, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió sobre las barreras económicas que afrontan los hogares vulnerables: «Si una familia que gana dos salarios mínimos quisiera comprar una vivienda de interés social, tendría que ahorrar todo su ingreso durante 16 años para acceder a la cuota inicial». De acuerdo con el gremio, únicamente el 10 % de los ciudadanos cuenta con recursos suficientes para adquirir un inmueble sin respaldo estatal.
Impacto del fin de Mi Casa Ya y desplome de inversiones
La actividad constructora atraviesa un periodo de contracción marcado por modificaciones en las políticas públicas. La administración del presidente Gustavo Petro primero transformó Mi Casa Ya al exigir la calificación del Sisbén y posteriormente clausuró el esquema para postulantes nuevos debido a restricciones presupuestales.
Este escenario dejó secuelas severas en los balances económicos del sector:
- Pérdidas calculadas en cerca de 47 billones de pesos en el levantamiento de edificaciones durante los periodos recientes.
- Reducción a la mitad en la inversión habitacional respecto al Producto Interno Bruto, la cual descendió del 5 % registrado en 2022 al 2,5 % reportado en 2026.
Propuestas gremiales frente al panorama fiscal
Ante la falta de recursos para auxilios económicos directos, la dirigencia gremial señaló que la prioridad actual se concentra en estabilizar las finanzas públicas antes de reactivar los debates sobre ayudas monetarias. Herrera explicó la postura de la organización: «Lo hemos hablado, lo decía el vice en las conclusiones de la mesa, resolvamos el tema fiscal y más adelante damos la discusión de subsidios. Quiero decirlo, no es que renunciemos a eso, es que tenemos que acompañar al gobierno mientras resolvemos».
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Para mitigar la parálisis y dinamizar el mercado habitacional, el gremio constructor planteó alternativas concretas a las autoridades nacionales:
- Autorizar el traslado de recursos depositados en fondos voluntarios de pensiones hacia la adquisición de inmuebles.
- Otorgar incentivos tributarios adicionales para quienes compren propiedades.
- Establecer un marco normativo propicio que impulse proyectos constructivos dirigidos exclusivamente al modelo de arrendamiento.
- Agilizar y simplificar la tramitología obligatoria mediante una mesa técnica conjunta entre el sector privado y el Ejecutivo.
Actualmente, el territorio nacional dispone de aproximadamente 1.424 iniciativas residenciales preparadas para comenzar obras. Estos desarrollos tienen la capacidad de movilizar 98 billones de pesos y sumar una oferta de 257 mil unidades habitacionales.
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