Colombia Urge un Estatuto de Seguridad Descentralizado y Realista

Colombia se encuentra en un momento crítico de redefinición de su política de seguridad. Tras el balance negativo de la denominada «paz total», el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado la creación de un ambicioso «Estatuto Antiterrorista». Sin embargo, expertos y analistas advierten sobre la necesidad de un enfoque más técnico, descentralizado y respetuoso del marco jurídico actual, evitando las oscilaciones pendulares entre discursos maximalistas de pacificación y estrategias de mano dura sin sustento técnico.

El Fracaso de la «Paz Total»: Un Antecedente Crucial

La administración anterior implementó la «paz total», cimentada en la Ley 2272 de 2022, con la intención de negociar simultáneamente con actores armados de origen político y estructuras de crimen organizado. No obstante, la evaluación de esta política ha sido contundente: un fracaso rotundo. Lejos de pacificar los territorios, la estrategia se convirtió en un catalizador de violencia extendida.

La ausencia de una estrategia militar de contención paralela y las improvisaciones en la delimitación de los ceses al fuego, que en muchos casos fueron precipitados, concedieron a los grupos al margen de la ley un margen de maniobra ampliado. Esto resultó en un fortalecimiento de sus finanzas ilícitas, la intensificación de la coerción sobre las comunidades y una alarmante expansión de su control territorial. La respuesta gubernamental actual, con la firma de nueve resoluciones para desmantelar la arquitectura jurídica de negociación, es una clara muestra de esta debacle.

La Propuesta del Nuevo Gobierno: Un «Estatuto Antiterrorista» en el Horizonte

En respuesta a la creciente inseguridad y cumpliendo promesas de campaña, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado, a través del ministro del Interior Rodrigo Lara, la presentación de un nuevo «Estatuto Antiterrorista». Esta iniciativa legal buscaría dotar a la fuerza pública y al aparato judicial de herramientas excepcionales para combatir la criminalidad.

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Entre los puntos más polémicos adelantados por el ministro y el presidente, se incluyen operativos frontales contra migrantes implicados en actos delictivos y una propuesta de política carcelaria que contempla el uso de «cárceles en barcos» en alta mar, destinadas al aislamiento de criminales de alta peligrosidad.

Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación, ya que se hizo público sin la existencia de un articulado formal o un borrador previamente socializado. Esta práctica, según analistas, responde a una estrategia de «globos de ensayo» para medir el ambiente político y social antes de la redacción definitiva. Expertos advierten que gobernar la seguridad a través de titulares de prensa genera falsas expectativas e inestabilidad jurídica, reduciendo un debate técnico a una puesta en escena mediática.

Diferenciación Conceptual y Riesgos de una Ley Antiterrorista Amplia

Para diseñar una política criminal coherente, es fundamental partir de un diagnóstico riguroso de las amenazas actuales. La realidad en Colombia dista de la guerrilla clásica del siglo XX; el escenario actual es un mapa fragmentado de criminalidad de alta intensidad. Las Farc-EP, como organización insurgente unificada, desaparecieron tras el Acuerdo Final de Paz de 2016. Los actores armados contemporáneos operan bajo dinámicas completamente distintas.

El ordenamiento jurídico colombiano, con la Ley 1908 de 2018, ya diferencia entre Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). El delito de terrorismo está tipificado en el Artículo 343 del Código Penal (Ley 599 de 2000).

Es crucial diferenciar tres fenómenos que a menudo se confunden:

Crimen Organizado: Estructuras jerárquicas cuyo fin primordial es el lucro económico ilícito.
Narcotráfico: La cadena transnacional de producción, transporte y comercialización de drogas ilícitas que financia a los actores armados.
Terrorismo: El uso de la violencia indiscriminada contra civiles no combatientes como herramienta de amplificación ideológica o coerción sociopolítica.

Estirar la categoría de «terrorista» para abarcar la totalidad de la criminalidad común u organizada conlleva severos riesgos para el Estado de Derecho:

Degradación del principio de legalidad y sobreextensión penal: Diluye la especificidad de la norma y otorga un margen de discrecionalidad excesivo.
Criminalización de la protesta social y la disidencia: Históricamente, en América Latina, leyes antiterroristas sobredimensionadas han sido utilizadas para perseguir a líderes comunitarios y manifestantes.
Militarización inadecuada del orden público interno: Etiquetar bandas criminales urbanas como terroristas puede llevar al uso de fuerza militar letal bajo las reglas del DIH en contextos donde deberían primar los Derechos Humanos y la acción policial.
Aislamiento internacional y bloqueo de vías de sometimiento: Un marco rígidamente antiterrorista limita la aplicación de mecanismos penales pragmáticos de sometimiento a la justicia, dejando como única opción una guerra de desgaste indefinida.

Contexto Colombiano: Descentralización y Gobernanza Local

En el suroccidente colombiano, regiones como el Valle del Cauca, Cali y Popayán han sido históricamente epicentros de la compleja interacción entre conflicto armado, economías ilícitas y disputas territoriales. La centralización de las decisiones de seguridad en Bogotá ha menudo desatendido las particularidades y la capacidad institucional de las autoridades locales. En Popayán, por ejemplo, la constante amenaza de grupos armados en zonas rurales y el incremento de la criminalidad urbana requieren soluciones adaptadas a la realidad de la región, que no siempre se alinean con marcos nacionales rígidos.

Una política de seguridad efectiva en Colombia debe reconocer y empoderar a los entes territoriales. Históricamente, el diseño de la seguridad se ha elaborado desde la capital, reduciendo el papel de las gobernaciones y alcaldías a una mera «articulación discursiva» sin poder de decisión ni recursos autónomos. Es crucial que cualquier nueva ley de seguridad integral y moderna transforme esta arquitectura, abandonando el centralismo bogotano y fortaleciendo las capacidades locales para la gestión de su propia seguridad.

Las alcaldías y gobernaciones, al estar más cerca de las comunidades y conocer sus dinámicas, pueden implementar estrategias más eficientes si cuentan con la autonomía y el respaldo necesario. La seguridad de Colombia no mejorará con la adición de nuevas penas o la invención de nombres «grandilocuentes» para leyes de emergencia, sino con una política que combine un diagnóstico preciso, respeto por el Estado de Derecho y una efectiva descentralización de recursos y decisiones.