El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto bajo la lupa la campaña del senador Iván Cepeda, tras recibir dos denuncias formales que señalan presuntas irregularidades en la realización de encuentros políticos masivos. A tan solo días de la primera vuelta presidencial de 2026, la polémica escalada por estas actividades proselitistas en Sincelejo y Arauca plantea serias dudas sobre el cumplimiento de las restricciones electorales vigentes, intensificando el debate sobre los límites de la actividad política frente a la normativa establecida.

Denuncias y Contexto de las Restricciones Electorales

Las denuncias, conocidas inicialmente por Caracol Radio, apuntan a una posible transgresión del decreto 0188 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional. Esta normativa busca regular las actividades proselitistas en espacios públicos durante la semana previa a los comicios presidenciales, un período crucial para garantizar la equidad y la transparencia del proceso electoral. El objetivo es evitar aglomeraciones y discursos de última hora que puedan influir indebidamente en el electorado.

La primera denuncia, presentada por el ciudadano Santiago Arango, se refiere a un evento llevado a cabo en el polideportivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre, en Sincelejo. Este encuentro, aunque la campaña de Cepeda lo califica como privado, es señalado por Arango como una actividad política masiva que contraviene las restricciones. La naturaleza pública o privada de estos eventos es el punto central de la controversia, ya que la legislación distingue claramente entre ambos para aplicar las restricciones.

La segunda queja, radicada por Gabriel Guillermo Garrido Gallardo, documenta actividades políticas realizadas el 27 de mayo en Arauca. Pese a que el senador Cepeda no estuvo presente físicamente, la denuncia incluye videos y capturas de pantalla que, según Garrido, demuestran la continuidad de acciones proselitistas. Se alega que en estas reuniones se difundió activamente publicidad del candidato y de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, lo que añadiría un componente de promoción electoral directa.

La Posición de la Campaña de Iván Cepeda

Ante la ola de cuestionamientos, la campaña de Iván Cepeda ha defendido la legalidad de sus reuniones, calificándolas como encuentros privados de coordinación política. Un video grabado en Montería muestra a Cepeda refiriéndose a estas reuniones en un tono que busca desvirtuar las acusaciones. En la grabación, el candidato afirmó: “Bueno, para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”.

En la misma intervención, Cepeda impartió instrucciones a los asistentes, subrayando la importancia de la movilización electoral. “Y para que estemos claros quienes estamos en este recinto privado sobre algunas instrucciones importantes: que no se quede nadie el 31 de mayo en su casa; desde temprano, a primera hora, ir a las urnas y a las mesas”, manifestó. Esta declaración sugiere un enfoque en la logística y la motivación de sus bases, lo que podría ser interpretado como una actividad interna y no como un acto de campaña público sujeto a las restricciones.

Implicaciones y Futuro de la Investigación del CNE

Ahora, el balón está en el campo del Consejo Nacional Electoral (CNE), institución que deberá evaluar la naturaleza de estas actividades. Una de las decisiones clave será determinar si los hechos denunciados son de su competencia directa o si, por el contrario, recaen en las autoridades locales. Las restricciones se derivan de un decreto de orden público, cuya aplicación e interpretación a menudo recae en alcaldes y gobernadores, o sus designados. Esta dicotomía podría generar un debate sobre la jurisdicción y la capacidad de acción del CNE.

La repetición de encuentros masivos en los días previos a las elecciones, incluso si son clasificados como «privados», genera suspicacia. Para muchos sectores críticos, la línea entre una reunión de coordinación y un acto proselitista es delgada, y la realización de este tipo de eventos, en un contexto de restricciones, podría interpretarse como una ventaja para la campaña o, al menos, como una contravención de la normativa vigente. La decisión del CNE sentará un precedente importante sobre cómo se entenderán y aplicarán estas restricciones en futuras contiendas.

El Debate sobre la Equidad Electoral

Las denuncias contra la campaña de Iván Cepeda reavivan el debate sobre la equidad electoral y la interpretación de las normas en periodos preelectorales. La capacidad de una campaña para movilizar a sus seguidores en reuniones que, aunque se declaren privadas, adquieren tintes masivos, podría ser vista como una forma de eludir las restricciones impuestas para garantizar que todos los contendientes compitan en igualdad de condiciones. Este tipo de situaciones pone a prueba la robustez del marco regulatorio y la capacidad de las autoridades electorales para hacer cumplir la ley.

La claridad en la distinción entre un evento privado de coordinación y un acto público de proselitismo es fundamental. La ambigüedad puede ser aprovechada para desdibujar los límites, generando denuncias y controversias que desafían la transparencia del proceso. La decisión del CNE no solo afectará a la campaña de Cepeda, sino que también influirá en cómo otras campañas operarán bajo restricciones similares en el futuro.

El desenlace de esta investigación será crucial para la recta final de las elecciones presidenciales de 2026. El Consejo Nacional Electoral tiene una tarea compleja: determinar si las reuniones de la campaña de Iván Cepeda fueron una legítima coordinación interna o una infracción a las normativas que buscan garantizar un proceso electoral transparente y equitativo. Su fallo no solo tendrá repercusiones para la campaña en cuestión, sino que también sentará un precedente importante para futuras contiendas electorales en el país, reforzando o cuestionando la validez de las restricciones actuales.