Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes radicó una solicitud formal para obtener una prórroga de 30 días hábiles. El propósito es subsanar irregularidades procedimentales detectadas en puntos específicos de la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024.
La petición se presentó el miércoles 21 de octubre de 2026 en el marco del fallo C-264 de 2026, cuya ponencia correspondió a la presidenta del alto tribunal, la magistrada Paola Andrea Meneses. Según el cronograma inicial fijado judicialmente, el término para solventar las fallas concluye el 30 de octubre de 2026; la corporación legislativa busca que la prórroga, solicitada por única vez, comience a correr inmediatamente después de esa fecha.
Cruce con el Presupuesto General de la Nación
A través de una comunicación oficial, las directivas legislativas expusieron que el periodo otorgado coincidió con el procesamiento obligatorio del Presupuesto General de la Nación para 2027. De acuerdo con la corporación, las normas legales impiden aplazar las deliberaciones presupuestales, lo que forzó a la plenaria a atender ambas responsabilidades de forma simultánea.
El balance operativo de la Cámara detalla el esfuerzo temporal requerido:
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- El segundo debate concluyó a las 3 de la madrugada del 20 de octubre tras extensas votaciones en plenaria.
La corporación legislativa remarcó que esta petición no busca alterar el texto aprobado ni desconocer el mandato judicial, sino garantizar las condiciones para realizar adecuadamente las discusiones y votaciones pendientes.
Artículos y proposiciones objeto de corrección
La revisión ordenada por el tribunal no exige someter a votación la totalidad de la Ley 2381 de 2024. El dictamen judicial delimita la corrección a fragmentos determinados que presentaron irregularidades en su formación.
Los apartes señalados corresponden a los siguientes puntos:
- Fracciones de los artículos 11, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93.
- Una proposición vinculada al artículo 14.
- Una iniciativa dirigida a la inclusión de un artículo nuevo.
Para convalidar estas disposiciones, la Corte Constitucional instruyó cumplir con las fases de convocatoria, anuncios previos, difusión de textos, concesión de tiempos idóneos para el análisis, deliberación y votación reglamentaria. La autorización de este lapso complementario de 30 días hábiles queda sujeta a la determinación que adopte la Sala Plena.
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