Aparato represivo venezolano persiste pese a captura de Maduro, alerta ONU

Ginebra, Suiza — La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha emitido una contundente advertencia: el aparato represivo del Estado venezolano, responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, se mantiene «intacto» a pesar de ciertos avances y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro a principios de 2026. Esta declaración subraya la fragilidad de cualquier mejora si no hay una reforma institucional profunda.

La persistencia de un sistema represivo consolidado

El nuevo informe de la Misión, que abarca la situación en Venezuela durante 2026, reconoce «mejoras limitadas» pero enfatiza que estas no están acompañadas de transformaciones institucionales que garanticen su sostenibilidad. Sofía Macher, experta peruana y nueva presidenta de la misión, resumió la situación: «La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles».

Los expertos de la ONU detallan que las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia permanecen vigentes. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha implementado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los «colectivos», grupos civiles armados que continúan siendo una fuente constante de intimidación y violencia. Además, al menos 19 funcionarios previamente identificados por la misión como responsables de graves violaciones de derechos humanos siguen ocupando puestos clave dentro del régimen.

Periodistas y miembros de la sociedad civil continúan enfrentando obstáculos significativos en su labor cotidiana, lo que dificulta la fiscalización y la difusión de información independiente.

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Tortura y condiciones degradantes: un patrón inalterado

Aunque se observó una disminución en las detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, y se produjo la excarcelación de cientos de personas por motivos políticos, la misión ha seguido documentando patrones de tortura y malos tratos. Entre los casos citados se incluyen la intubación forzada y el confinamiento prolongado en cisternas subterráneas, una práctica conocida como «la máquina del tiempo» en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I.

En Fuerte Guaicaipuro, una instalación militar, la misión denunció el confinamiento de personas en celdas similares a fosas subterráneas, así como la privación de alimentos, la exposición al frío y otras condiciones degradantes. Desde el 3 de enero de 2026, la misión ha recibido información sobre 64 nuevos casos de tortura. Centenares de personas siguen expuestas a «condiciones de detención deplorables», que en algunos casos han llevado a la muerte bajo custodia por malos tratos o falta de atención médica.

A pesar de la reducción del número de presos políticos por las excarcelaciones, entre 300 y 500 personas continúan detenidas por motivaciones ideológicas, según organizaciones no gubernamentales. La misión identificó un patrón recurrente de arrestos de corta duración tras el 3 de enero, destinados a intimidar a activistas, opositores y periodistas.

Los «colectivos» y su rol estratégico

Un informe adicional de la misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se centró en los «colectivos», concluyendo que no son organizaciones marginales, sino «parte central del aparato represivo estatal». Este documento detalla que la consolidación y expansión de estos grupos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro «no fue fortuita, sino que respondió a una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo para su proyecto político, también a través de la violencia y la coacción».

La relación entre los colectivos y las instituciones del Estado está probada por la incorporación de sus miembros a la Policía Nacional Bolivariana, o, a la inversa, por la presencia de personal retirado o activo de las fuerzas armadas y de seguridad dentro de estos grupos civiles armados.

Implicaciones regionales y llamado a la acción

La situación en Venezuela sigue generando impactos en la región, particularmente en países vecinos como Colombia, que históricamente ha sido destino de migrantes venezolanos y ha lidiado con las repercusiones de la crisis política y social. La dinámica de frontera compartida, marcada por el paso de exmiembros de las fuerzas armadas y policiales venezolanas que buscan refugio en Colombia, como lo refleja el memorando de entendimiento para su atención, es un ejemplo de cómo los asuntos internos de Venezuela trascienden sus fronteras.

El canadiense Alex Neve, miembro de la misión, instó a Estados Unidos y otros «actores influyentes» a intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela. No obstante, advirtió que estas acciones deben «no contribuir a más violaciones de derechos humanos ni facilitar la comisión de crímenes internacionales».

La presidenta de la misión, Sofía Macher, fue clara en su advertencia: «Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible».