Desmantelada red que operaba extorsiones millonarias desde La Picota

La Fiscalía General de la Nación ha desarticulado una sofisticada estructura criminal que operaba desde el interior del pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá. Esta red, presuntamente liderada por un recluso, logró acumular más de 4.900 millones de pesos a través de extorsiones y estafas telefónicas dirigidas a víctimas en diversas regiones de Colombia. La investigación pone de manifiesto la persistencia de desafíos en el control penitenciario y la adaptabilidad de las organizaciones delictivas.

El esquema de extorsión: perfiles falsos y amenazas

La modalidad principal de extorsión consistía en la creación de perfiles falsos de mujeres en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Estos perfiles ofrecían supuestos servicios sexuales, atrayendo a las víctimas. Una vez establecida la comunicación, los criminales utilizaban fotografías obtenidas de redes sociales, imágenes íntimas compartidas durante las conversaciones o montajes fotográficos para intimidar a los afectados. Las amenazas incluían la divulgación de este material o señalamientos falsos relacionados con delitos sexuales, exigiendo transferencias de dinero a cambio de silencio.

La estrategia delictiva no terminaba con un primer pago. Si lograban obtener dinero, las amenazas se intensificaban, presionando a las víctimas para que realizaran nuevas consignaciones, en un ciclo de coacción continua. Esta técnica evidencia un profundo conocimiento de la manipulación psicológica y el uso de la vergüenza como herramienta extorsiva.

Ruta del dinero y operaciones financieras

Los fondos obtenidos de las extorsiones eran canalizados a través de billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente, estos recursos se distribuían entre los miembros de la estructura. Una parte se retiraba en efectivo, mientras que otra presuntamente se destinaba a la adquisición de bienes de lujo, como inmuebles y vehículos, buscando blanquear el origen ilícito del dinero. La magnitud de la operación se revela en el análisis forense, donde los investigadores examinaron más de 631.000 operaciones financieras, logrando documentar 43 noticias criminales asociadas a denuncias y reportes de las víctimas.

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El presunto cabecilla: alias ‘El Don’ y su influencia penitenciaria

Como presunto líder de esta organización, la Fiscalía ha señalado a Fabián Viracachá Ballén, conocido con los alias de ‘El Don’ o ‘Pluma’. A pesar de su condición de recluso, Viracachá Ballén habría mantenido el control criminal y financiero de la estructura, recibiendo su parte de los beneficios ilícitos mediante consignaciones de bajo monto para evitar levantar sospechas.

Viracachá Ballén es un exintegrante de las extintas FARC y está postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Actualmente, cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un miembro de la Policía Nacional, entre otros delitos. La investigación también sugiere que ‘El Don’ ejercía influencia sobre varios patios de La Picota, donde presuntamente reclutaba y «entrenaba» a otros internos para realizar las llamadas masivas que identificaban a posibles víctimas.

El seguimiento financiero no solo desveló el monto de las extorsiones, sino también un esquema para ocultar al menos 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Parte de estas ganancias, según la Fiscalía, se utilizaba para mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y comercialización de elementos prohibidos como bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros bienes.

Capturas y bienes incautados

La estructura criminal no se limitaba a los reclusos. La investigación reveló que familiares de alias ‘El Don’, incluyendo su esposa, hijo e hijastra, habrían participado activamente en la movilización de los recursos y la adquisición de bienes. En desarrollo de la investigación, las autoridades capturaron a Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.

Los tres detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y enfrentan cargos por delitos graves, entre los que se incluyen:

Lavado de activos
Enriquecimiento ilícito
Amenazas
Concierto para delinquir
Suplantación de identidad

Todos ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Como parte de las acciones judiciales, las autoridades identificaron e incautaron:

Seis inmuebles ubicados en Bogotá, Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá (Cundinamarca) y Restrepo (Meta).
Cuatro vehículos, presuntamente adquiridos con el dinero ilícito de las extorsiones.

Contexto penitenciario en Colombia: un desafío recurrente

Este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón persistente de corrupción y operación criminal desde el interior de los centros penitenciarios colombianos. La cárcel La Picota, uno de los establecimientos más grandes y complejos del país, ha sido históricamente un foco de atención por la facilidad con la que ingresan elementos prohibidos y la capacidad de los reclusos para mantener redes delictivas. La infiltración de dispositivos electrónicos y la coordinación de delitos como la extorsión desde prisión han representado un desafío constante para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las autoridades judiciales. Estos incidentes, que generan inseguridad y socavan la confianza pública, evidencian la necesidad de implementar controles más rigurosos, tecnología de punta y una depuración continua del personal penitenciario para evitar que las cárceles se conviertan en centros de planificación y ejecución criminal, en lugar de rehabilitación.