La reciente difusión de imágenes de Daneidy Barrera Rojas, conocida mediáticamente como Epa Colombia, trasladada con sujeciones en pies y manos por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) desde el complejo penitenciario Coiba de Picaleña hacia los juzgados de Ibagué, ha generado una contundente reacción en la esfera pública. En esta ocasión, fue la también creadora de contenido y empresaria Yina Calderón quien alzó su voz para cuestionar la severidad del procedimiento y hacer un llamado directo al presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

El caso de Barrera Rojas, que se remonta a hechos ocurridos en el marco de protestas sociales, donde se le acusó de causar daños a bienes públicos, específicamente a un torniquete de TransMilenio, ha sido objeto de debate constante. Sus allegados han manifestado repetidamente su preocupación por el rigor del proceso judicial y el trato que recibe, argumentando una desproporcionalidad en las medidas aplicadas.

Indignación por las sujeciones: ¿trato excesivo?

Yina Calderón expresó su indignación a través de sus redes sociales, centrándose en el uso de grilletes y esposas, práctica que consideró innecesaria y humillante. «No entiendo por qué tener que amarrarle los pies. Epa Colombia cometió un error. Epa Colombia ya lo pagó», afirmó Calderón, subrayando que el castigo por la falta ya se ha cumplido, aludiendo a la condena y el tiempo en prisión preventiva que ha enfrentado la influenciadora.

La empresaria comparó la situación de Barrera Rojas con la de otros infractores de la ley, señalando una aparente disparidad en el sistema judicial colombiano. «Hay muchos criminales sueltos, hay bandidos con acuerdos y Epa Colombia, por un error, está siendo tratada como si fuera la peor criminal de Colombia», sentenció, dejando entrever una crítica a la selectividad de la justicia y la visibilidad mediática del caso de Epa Colombia.

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Contexto del sistema penitenciario y judicial en Colombia

La situación de Epa Colombia no es un hecho aislado en el complejo panorama judicial y penitenciario de Colombia. El país enfrenta desafíos persistentes en materia de derechos humanos dentro de sus centros de reclusión, marcados por el hacinamiento, la precariedad de las condiciones y, en ocasiones, la denuncia de tratos denigrantes o desproporcionados. La percepción de una justicia selectiva, donde figuras públicas o casos de alto perfil reciben un escrutinio mediático y judicial particular, mientras delitos de mayor envergadura pueden pasar desapercibidos o beneficiarse de acuerdos menos rigurosos, es una constante en el debate nacional. Organizaciones de derechos humanos han alertado históricamente sobre la necesidad de humanizar el sistema carcelario y garantizar que las medidas cautelares y los traslados se realicen bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, evitando la revictimización o la imposición de castigos morales adicionales a la pena judicial.

El cuestionamiento sobre los costos y el daño

Además de la preocupación por el trato físico, Calderón puso el foco en las implicaciones económicas que ha tenido el proceso para Barrera Rojas. «¿Cuántos millones de pesos ya le han sacado?», preguntó, insinuando que el costo del proceso judicial y las multas asociadas han sido excesivos. Esta dimensión añade una capa de complejidad al debate, sugiriendo que, más allá de la privación de libertad, existen otras formas de castigo que pueden impactar severamente la vida de una persona y su entorno familiar.

Calderón también cuestionó la magnitud de la ofensa en relación con la gravedad del trato recibido. En un pasaje de su intervención, enumeró una serie de delitos graves, como asesinato, violación o secuestro, para luego confrontarlos con el motivo del encarcelamiento de Epa Colombia. «¿A cuántas personas Epa asesinó? ¿A cuántos niños Epa violó? ¿Cuánto dinero lavó? ¿A quién secuestró?», inquirió, antes de concluir: «Dañó el torniquete de un TransMilenio y la están tratando como si fuera la criminal más grande que tiene Colombia».

Un llamado a la empatía presidencial

El mensaje de Yina Calderón no solo fue una crítica al sistema, sino una apelación personal al presidente Abelardo De La Espriella. La influenciadora instó al mandatario a considerar la situación desde una perspectiva humana y familiar, pidiéndole que se pusiera en el lugar de los padres de Epa Colombia. «Quiero pedirle al presidente actual de la República que, como padre, se ponga en los zapatos de la mamá de Epa Colombia, del papá, y que se pregunte si es justo el trato que está recibiendo Epa», manifestó Calderón.

Este tipo de solicitudes, aunque mediáticas, buscan generar un impacto en la opinión pública y, eventualmente, una revisión por parte de las autoridades competentes. La presión social y las voces de figuras influyentes pueden, en ocasiones, reabrir debates sobre la pertinencia y la proporcionalidad de las acciones judiciales, especialmente cuando estas se perciben como excesivas o discriminatorias.

Finalmente, Calderón reiteró su petición para que las autoridades centren sus esfuerzos en la persecución de delitos más graves y brinden a Epa Colombia la oportunidad de un trato más digno. «Vaya tras los verdaderos bandidos y dele la oportunidad a Epa de no ser más tratada así, porque en verdad es muy triste», concluyó, reflejando el sentir de una parte de la ciudadanía que considera que la justicia, además de ser imparcial, debe ser humana.

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