La designación de Sandra Carolina Gómez Sánchez como vocera oficial del gobierno electo del presidente Abelardo De la Espriella ha desencadenado una controversia significativa. Una reciente investigación ha revelado serias inconsistencias en la hoja de vida pública de Gómez, poniendo en entredicho su trayectoria académica y profesional, además de sacar a la luz denuncias formales por presunto acoso laboral durante su desempeño en medios de comunicación.
Dudas sobre la trayectoria académica y profesional de Carolina Gómez
Desde el anuncio oficial, que la posiciona como figura clave en la estrategia comunicacional del futuro gobierno, se han presentado interrogantes sobre las credenciales que la propia Gómez ha difundido. A sus 30 años, Carolina Gómez ha ocupado un rol visible como presentadora en Red+ Noticias y se ha presentado, tanto en perfiles en línea como en declaraciones a medios, como abogada.
Ausencia de título universitario y registro profesional
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Formación académica: A pesar de haber estado matriculada en la Universidad Javeriana durante ocho años (entre 2014 y 2021) en el programa de Derecho, la institución ha confirmado que Gómez Sánchez no obtuvo el título profesional. Su estado actual es “inactiva”.
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Registro de abogados: Una revisión de la base de datos de la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura no arroja ningún registro a nombre de Carolina Gómez, lo que indica que no posee la tarjeta profesional para ejercer la abogacía en Colombia.
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Examen Saber Pro (ECAES): No hay constancia de que haya presentado el examen de Estado Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia para obtener cualquier título técnico, tecnológico o profesional.
Cuestionamientos a la experiencia laboral reportada
La presunta falta de titulación profesional se agrava al contrastar con los cargos que Gómez ha afirmado ocupar en su perfil de LinkedIn. Particularmente, la información sobre una supuesta asesoría en la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre noviembre de 2018 y agosto de 2015, ha sido desmentida por registros oficiales y fuentes internas del Ministerio. Los sistemas de información de empleo público (SIGEP y SECOP) no muestran vinculación laboral o contractual a su nombre en ese periodo, y el cargo en cuestión habría requerido un título de abogada que ella no poseía ni, cronológicamente, podría haber obtenido dado su edad y etapa académica en ese entonces (tenía 19 años).
Asimismo, la mención de una «especialización en Texas», difundida por algunos medios, carece de sustento en los registros del Ministerio de Educación Nacional, donde no existen solicitudes de convalidación u homologación de títulos a su nombre.
Denuncias por acoso laboral: un nuevo flanco para la vocera
Además de las inconsistencias académicas, la figura de Carolina Gómez se ve envuelta en graves acusaciones de acoso laboral. Documentos y testimonios de extrabajadores de Red+ Noticias, representados por la firma Moreno Abogados & Consultores, la señalan como protagonista de una dinámica de acoso sistemático, persecución y hostigamiento.
Detalles de las acusaciones
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Injerencia en despidos: Se le atribuye haber utilizado su cercanía con el entonces director, Giovanni Celis, para impulsar procesos disciplinarios infundados y despidos injustificados.
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Descalificación profesional: Testimonios narran un patrón de descrédito público en redacciones, comentarios despectivos sobre colegas y la apariencia física de periodistas, camarógrafos y productores, así como imputaciones falsas ante el área de recursos humanos.
Estas denuncias sugieren un impacto significativo en la salud mental de sus excompañeros, trascendiendo el ámbito profesional.
El rol de la vocería oficial en Colombia: implicaciones de los hallazgos
La figura del vocero de gobierno, si bien es una práctica internacional consolidada en naciones como Estados Unidos, Chile o España, es inédita en Colombia. La intención de De la Espriella de centralizar la comunicación oficial a través de esta oficina le otorga una relevancia estratégica fundamental. El manual de funciones de la oficina de comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) exige, tradicionalmente, títulos profesionales para sus cargos.
De confirmarse el nombramiento de Gómez con su actual perfil académico, surgirían interrogantes sobre la posibilidad de que el gobierno entrante flexibilice requisitos tradicionales para la función pública, sentando un precedente. La centralización de la información oficial del Presidente electo, ministros y equipo de gobierno a través de esta instancia subraya aún más la necesidad de una figura con credibilidad y sin cuestionamientos públicos.
Hasta el cierre de esta edición, los intentos por contactar a Carolina Gómez para obtener su versión de los hechos no han tenido éxito.
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