Bogotá, Colombia – Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han redoblado sus exigencias al presidente Gustavo Petro para que firme el decreto ley que establecería el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Esta medida, diseñada para mejorar la protección de líderes sociales en territorios de alto riesgo en Colombia, es percibida como fundamental ante los continuos ataques y asesinatos que enfrentan estos defensores.
La urgencia de esta firma se acentúa en un contexto donde, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno colombiano ha mostrado deficiencias en la salvaguarda de la vida y el trabajo de los líderes. Entre 2022 y 2025, la ONU calificó de “inaceptables” 410 asesinatos de defensores, a pesar de reconocer algunos avances en la materia por parte de la administración de Petro.
La «Paz Total» y la paradoja de la seguridad para líderes
La propuesta de “Paz Total” del gobierno actual, que busca desescalar el conflicto armado y negociar con diversos grupos, contrasta con la persistente vulnerabilidad de los líderes sociales. Estos actores son puentes vitales entre las comunidades y el Estado, y su labor a menudo choca con intereses de grupos armados, economías ilícitas y élites locales, lo que los convierte en blancos constantes.
El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, según lo anunciado por el gobierno en su momento, es un decreto ley que tiene como objetivo central garantizar la protección de aquellos líderes que operan en zonas remotas y de alta complejidad. Sin embargo, su formalización y consecuente implementación han permanecido pendientes, generando una creciente inquietud entre las organizaciones.
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En departamentos como el Valle del Cauca y el Cauca, incluyendo ciudades como Cali y Popayán, la situación es crítica. Estas regiones han sido históricamente epicentros de conflicto debido a factores como la presencia de cultivos ilícitos, corredores estratégicos para el narcotráfico, minería ilegal y la disputa territorial entre diversos grupos armados, incluyendo disidencias de las FARC, ELN y bandas criminales.
- Valle del Cauca y Cali: La capital vallecaucana ha enfrentado un recrudecimiento de la violencia urbana, ligada al microtráfico y la extorsión. Los líderes comunitarios que denuncian estas prácticas o defienden derechos territoriales se exponen a graves riesgos.
- Cauca y Popayán: Esta región es una de las más afectadas por la violencia contra líderes, especialmente aquellos vinculados a procesos de restitución de tierras, defensa del medio ambiente y derechos étnicos. La compleja interacción de actores armados y la debilidad institucional en muchas zonas rurales exacerban esta amenaza.
La ausencia de una protección efectiva para estos líderes no solo atenta contra sus vidas, sino que también debilita el tejido social, la interlocución con el Estado y la posibilidad de construir una paz duradera desde las bases.
Preocupaciones adicionales: decretos y seguridad territorial
La complejidad de la seguridad en Colombia no se limita a la protección de líderes. Recientemente, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su inquietud por el Decreto 0603 de 2026, expedido por el presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Este decreto suspende temporalmente las operaciones militares ofensivas y procedimientos especiales de policía contra integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), facilitando su desplazamiento a una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo.
Asocapitales argumentó que decisiones de esta magnitud, que impactan directamente la seguridad territorial, deben contar con criterios claros y mecanismos de verificación rigurosos. La asociación resalta que las ciudades capitales sufren las consecuencias directas de fenómenos como la violencia, el narcotráfico, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento, lo que hace indispensable una coordinación y claridad en las políticas de seguridad.
La situación subraya la delicada balanza que el gobierno Petro debe mantener entre su ambiciosa política de «Paz Total» y la necesidad imperante de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que, como los líderes sociales, se encuentran en la primera línea de la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz en los territorios más golpeados por el conflicto.
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