Tutelas en Colombia aumentan 26 % y preocupan a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ha expresado su inquietud ante un significativo aumento en el número de acciones de tutela, las cuales se han incrementado en un 26 % solo entre enero y agosto de este año en comparación con el mismo periodo de 2025. La magistrada presidenta, Paola Meneses Mosquera, señaló que el país recibe entre 5.000 y 6.000 tutelas diariamente, lo que, si bien demuestra la confianza ciudadana en esta herramienta judicial, también evidencia su uso como primera instancia en lugar de último recurso.

Meneses Mosquera subrayó la dualidad de esta cifra: «Dice que los colombianos creen en esta herramienta… Pero también dice que estamos usando el último recurso del sistema como si fuera el primero». La magistrada enfatizó que una parte considerable de estas tutelas solicita derechos ya reconocidos por ley, como medicamentos o citas médicas ya autorizadas.

Radiografía de las tutelas en el sector salud

El derecho a la salud es uno de los ámbitos más afectados por esta tendencia. Durante el año pasado, se presentaron cerca de 315.000 tutelas relacionadas con la salud, lo que representa un aumento del 18 % respecto a 2024. Desde 2020, cuando se registraron más de 256.000 tutelas, la cifra ha mostrado un crecimiento constante.

Un dato alarmante es que el 78 % de las tutelas en salud se resuelven a favor del paciente. Según la magistrada, esto indica que «la persona sí tenía el derecho desde el principio» y que el sistema no estaba negando algo dudoso, sino un derecho ya establecido. Esta situación, a su juicio, no es un problema de la tutela en sí, sino de la «puerta de entrada al sistema de salud». La presidenta de la Corte alertó sobre casos de personas que fallecen esperando autorizaciones o medicamentos, no por falta de soluciones médicas, sino por «burocracia» o por un «engranaje de un sistema que olvidó su propósito original».

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Impacto de decisiones clave y relación con el Gobierno

Durante su periodo como presidenta, la magistrada Meneses destacó la Sentencia C-264 de este año, de la cual fue ponente, relativa a la reforma pensional. Aunque no resolvió el fondo del debate, la sentencia examinó los vicios de procedimiento y devolvió al Congreso varios artículos que no habían sido debatidos ni votados correctamente. «Esa exigencia… es la que sostiene después la legitimidad de cualquier ley», afirmó Meneses.

Respecto a la relación con el nuevo Gobierno, la magistrada aseguró que la Corte no ha sentido «presión política directa», sino más bien una presión de «volumen y tiempo» debido a la cantidad de asuntos complejos en su mesa. Estos incluyen el examen de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica tras el terremoto del 10 de agosto, el seguimiento a la crisis de salud y varias Salas de Seguimiento. Destacó que el Gobierno ha mantenido una actitud respetuosa hacia la institucionalidad judicial.

Desafíos en La Guajira y situación carcelaria

La Sala de Seguimiento de la Corte avanza en la situación de los niños y niñas wayuu en La Guajira. Durante una inspección en agosto en Maicao y Uribia, la Sala constató la falta de acceso efectivo a agua potable y barreras para los servicios de salud, profiriendo medidas cautelares urgentes. Una sesión técnica se realizará el 13 de octubre en Riohacha para evaluar el cumplimiento de estas órdenes.

En cuanto al diagnóstico carcelario, persiste un estado de cosas inconstitucional. La magistrada citó ejemplos de hacinamiento crítico, como en la Estación de Policía Norte de Bucaramanga, donde 154 personas ocupaban un espacio para 15 o 20, o en el centro de detención La Permanente en Valledupar, con 349 personas en un lugar para 70. Las fallas también se extienden al acceso a la salud y a la congestión judicial por audiencias no realizadas. Aunque se mencionó la nueva penitenciaría de Riohacha, que abrirá este año con capacidad para 1.722 personas, la Corte insiste en que la solución va más allá de construir cárceles, requiriendo una política criminal basada en evidencia.

El XXI Encuentro ‘Una Corte Constitucional para el mundo’

Este encuentro, celebrado en Santander, tuvo como objetivo mostrar los aportes de la jurisprudencia colombiana a nivel global y descentralizar el trabajo de la Corte. La magistrada Meneses destacó que decisiones sobre desplazamiento forzado, el río Atrato o el derecho a la salud han sido estudiadas por otros tribunales. También fue la primera vez en casi 35 años que la Corte sesionó en pleno en Santander, específicamente en Bucaramanga y Girón, buscando acercar la Constitución a las regiones.

La percepción internacional sobre la jurisprudencia colombiana es de «respeto y admiración», siendo reconocida por su solidez y rigor, y alimentando el Ius Constitutionale Commune – ICCAL en América Latina.