Tragedia en Tibú: Dos Adolescentes Muertos y Ataque con Drones Sacuden el Catatumbo

Tibú, Norte de Santander – La Defensoría del Pueblo ha emitido una contundente alerta ante la escalada de violencia en la zona rural de Tibú, donde dos adolescentes perdieron la vida en incidentes separados y se registró un ataque con drones cargados de explosivos, dejando un saldo de dos civiles heridos. Los hechos, ocurridos el pasado martes 15 de septiembre, subrayan la crítica situación humanitaria y la urgente necesidad de protección para la población civil en el convulso Catatumbo.

Dos Vidas Jóvenes Cobradas por el Conflicto

El día de los incidentes se tiñó de luto con la muerte de dos menores de edad en circunstancias que reflejan la brutalidad del conflicto armado:

En la vereda La Unión Vetas, un adolescente de 16 años falleció tras la activación de una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas. Este trágico evento pone de manifiesto el peligro constante al que están expuestos los campesinos y las comunidades rurales que transitan por zonas contaminadas con estos artefactos explosivos.
Ese mismo día, un joven de 17 años, hijo de un líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), fue secuestrado y posteriormente asesinado mientras se dirigía a prestar un servicio de barbería en el sector de Filoquemado, en la vía hacia Versalles. La Defensoría atribuye este crimen, presuntamente, a integrantes del ELN.

La Defensoría del Pueblo ha expresado su solidaridad con las familias de las víctimas y ha activado rutas institucionales de atención y protección. Asimismo, ha recordado a los grupos armados que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) obliga a distinguir entre combatientes y población civil, prohibiendo ataques contra quienes no participan directamente en las hostilidades. Los niños, niñas y adolescentes, según el DIH, gozan de una protección especial en conflictos armados.

La Amenaza Creciente de los Drones Explosivos

A la tragedia de las vidas jóvenes se suma la preocupación por el uso de nuevas tácticas de guerra. La entidad documentó un ataque con drones equipados con explosivos en el sector de Miramontes, también en la zona rural de Tibú, que dejó dos civiles heridos. Esta modalidad de ataque ha sido una preocupación recurrente para el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, que ha identificado el uso de drones por parte de grupos armados ilegales para tareas de vigilancia, intimidación, control territorial y, más alarmante aún, para transportar y lanzar artefactos explosivos.

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Las cifras de UNMAS (Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas) para el periodo entre enero y mayo de 2026 son alarmantes: 121 ataques con drones explosivos, resultando en 21 personas fallecidas y 145 heridas. De estas, el 32% correspondieron a población civil, siendo Norte de Santander el departamento con la mayor incidencia, registrando 30 eventos.

La Defensoría ha reiterado que el uso de estos artefactos aumenta los riesgos para la población civil, especialmente en centros poblados o cerca de bienes civiles, y ha urgido a los grupos armados a respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, absteniéndose de ataques indiscriminados.

Contexto de un Catatumbo Asediado

El Catatumbo, región donde se encuentra Tibú, es un corredor estratégico en la frontera con Venezuela, históricamente marcado por la presencia y disputa de diversos grupos armados ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, el ELN y estructuras del narcotráfico. Su geografía montañosa, la riqueza en cultivos de coca y la debilidad de la presencia estatal han convertido esta zona en un epicentro de violencia, donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado. La región ha sido escenario de constantes violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Las alertas tempranas, como la 017 de 2025 emitida para Tibú, han señalado repetidamente los escenarios de riesgo, pero la falta de una respuesta integral y efectiva por parte del Estado persiste, dejando a las comunidades a merced de los actores armados y sus nuevas y letales estrategias.

Llamados Urgentes y Exigencias Institucionales

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo ha realizado una serie de exigencias:

A los grupos armados ilegales, respetar estrictamente el DIH, abstenerse del uso de minas antipersonal y de realizar ataques indiscriminados.
Exigir el respeto de la vida, integridad, libertad y movilidad de la población civil, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.
A las autoridades nacionales, departamentales y municipales, fortalecer las medidas de prevención y protección frente a minas antipersonal, otros artefactos explosivos y el uso de drones.
Instar a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes a adelantar con celeridad las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Estos incidentes son un reflejo de un conflicto que no da tregua y que exige una acción decidida y coordinada de todas las instancias para salvaguardar la vida de los habitantes del Catatumbo, especialmente de los más vulnerables.