La compañía Ramo S.A.S. radicó una acción penal ante la Fiscalía General de la Nación señalando la presunta comisión de injuria agravada y calumnia agravada. El recurso legal involucra directamente a cuatro personas vinculadas a la organización Sinergia Animal, derivado de una serie de acusaciones públicas sobre el trato a aves en un predio de abastecimiento localizado en Cachipay, Cundinamarca.
Personas vinculadas y delitos señalados
Bajo la representación legal del equipo perteneciente al jurista Jaime Granados, la empresa instauró la denuncia en contra de:
- Andrea Muñoz, quien ejerce como líder de campañas de Sinergia Animal para Colombia.
- Estephany Méndez.
- Sofía Garcés.
- Nicolás Ibargüen.
Asimismo, la corporación solicitó al ente acusador investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo bajo el cargo de presunto constreñimiento ilegal.
El origen de la disputa y los descargos de la compañía
El litigio se originó tiempo atrás, cuando Sinergia Animal hizo públicas denuncias por supuesto hacinamiento y tratos indebidos hacia gallinas ponedoras que permanecían en jaulas en batería dentro de las instalaciones del proveedor ubicado en Cachipay. De acuerdo con la postura corporativa, dicha organización desplegó afirmaciones a gran escala que vincularon a Productos Ramo con conductas perjudiciales contra la fauna, lo cual habría vulnerado su reputación y buen nombre.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Frente a las recriminaciones, la empresa entregó ante las autoridades documentos técnicos y revisiones emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), con los cuales busca respaldar que se acata la reglamentación vigente en bienestar animal y protocolos de bioseguridad.
Señalamientos de presiones comerciales y fallido intento de conciliación
Respecto a la acusación por constreñimiento ilegal, la firma empresarial pidió indagar una serie de mensajes donde presuntamente se advertía el inicio de ofensivas destinadas a perjudicar sus finanzas, prestigio y posicionamiento comercial si no se aplicaban modificaciones en sus políticas internas.
A través de un pronunciamiento oficial, la entidad manifestó: “Ramo respeta la libertad de expresión, la protesta pacífica y el debate público. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de proteger a sus colaboradores y su buen nombre. Por eso acudimos a las autoridades y serán ellas, con todas las garantías del debido proceso, las encargadas de determinar las responsabilidades a que haya lugar”.
Pese a que la Fiscalía General de la Nación coordinó un primer acercamiento para evaluar un posible arreglo entre las partes involucradas, no se concretó ningún consenso, por lo que Ramo S.A.S. confirmó que mantendrá el curso del proceso judicial.
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