¿Qué hay detrás de las medidas contra Epa Colombia en el gobierno de la Espriella?

Desde el primer día del gobierno de Abelardo de la Espriella, el caso de Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, se convirtió en vitrina de su política de mano dura penitenciaria. El 7 de agosto —jornada de posesión— ordenó su traslado desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué, dentro de un operativo que movió también a 103 cabecillas criminales.

La justificación oficial no fue menor: hallazgos de celulares, insumos estéticos clandestinos y hasta un vehículo de alta gama dentro de sus condiciones de reclusión en Bogotá, señalados como «privilegios» heredados del gobierno anterior. El diario El Tiempo reveló además que, tras negársele la domiciliaria, una abogada la visitó en un sitio donde estaba prohibido el ingreso de teléfonos, y que solo cuando cesó la presión política del gobierno saliente se autorizó su traslado.

La dureza no se ha detenido ahí. Su abogada, Wendy Herrera, le pidió públicamente al presidente revisar «con lupa» los beneficios de otros internos, evidenciando que la defensa considera desproporcionado el trato hacia su clienta. Este 16 de septiembre, un nuevo video mostró a Barrera Rojas quejándose durante un traslado a los juzgados de Ibagué, calificando la situación como persecución.

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Para el Gobierno, se trata de cerrar irregularidades heredadas; para su entorno, de un caso convertido en símbolo político. Entre ambas lecturas, Epa Colombia sigue cumpliendo su condena de 63 meses bajo el régimen más estricto que ha tenido desde su captura.

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