Prorrogan Urgencia manifiesta en Rama Judicial tras sismo de agosto

El Consejo Superior de la Judicatura ha extendido la declaratoria de urgencia manifiesta hasta el 14 de diciembre de 2026, una decisión adoptada formalmente mediante el Acuerdo PCSJA26-12598 del 8 de octubre de 2026. Esta prórroga busca abordar las afectaciones sufridas en varias sedes de la Rama Judicial a raíz del sismo del 10 de agosto, asegurando tanto la seguridad de los servidores y usuarios, como la continuidad del servicio de justicia.

La extensión administrativa permite mantener procesos extraordinarios de contratación para bienes, servicios y obras necesarios en la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa deteriorada por el fenómeno natural.

Motivaciones para la extensión de la urgencia

La decisión responde a solicitudes formales presentadas por las direcciones seccionales de Administración Judicial de regiones impactadas, incluyendo Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué. Estas dependencias territoriales argumentaron la necesidad de prolongar el régimen excepcional para:

Avanzar en diagnósticos estructurales de edificaciones.
Realizar adecuaciones locativas.
Gestionar la reubicación de despachos judiciales.
Facilitar el traslado de infraestructura tecnológica, con base en diagnósticos técnicos regionales.

Restauración y modelos de operación del servicio de justicia

Para sostener la atención ciudadana, la administración de justicia ha implementado una restauración progresiva de los servicios en la mayoría de los despachos. En aquellos lugares donde la atención presencial completa no es viable, las dependencias operan bajo un esquema híbrido. Este modelo combina el trabajo en casa con la presencia física por alternancia o el traslado provisional a nuevas sedes judiciales.

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En línea con esta estrategia, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA26-12601 del 9 de octubre de 2026. Este acuerdo extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la habilitación temporal del trabajo en casa, previamente establecida en el artículo 3 del Acuerdo PCSJA26-12564 de 2026.

La medida de trabajo en casa se aplica formalmente en los distritos judiciales de Armenia, Manizales, Cali, Ibagué, Pereira, Quibdó y Buga. De igual manera, rige en los distritos administrativos de Caldas, Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. La autorización para esta modalidad recae en los nominadores, quienes deben obtener un concepto favorable y vinculante del consejo seccional de la judicatura correspondiente.

Impacto en sedes judiciales y apoyo a servidores

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) consolidó datos de las Direcciones Seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Cali, revelando un impacto considerable. Solo en Risaralda, Quindío y Chocó, un total de 34 sedes judiciales sufrieron daños o infracciones estructurales.

El balance sobre el personal indicó que 5.170 servidores judiciales de las regiones en contingencia recibieron acompañamiento. De estos, más de 2.400 reportaron afectaciones personales o laborales directas por el movimiento telúrico. Como respuesta, más de 1.000 servidores han recibido atención psicosocial, incluyendo primeros auxilios psicológicos, orientación, contención emocional y seguimiento individual.

Situación por departamento

En la seccional de Risaralda, las evaluaciones determinaron que el Palacio de Justicia de Pereira, que concentra el 86% de los despachos judiciales del Distrito y aloja a 447 servidores, sufrió una afectación severa que lo mantiene inoperable. Para mantener las actuaciones, el personal opera bajo teletrabajo, y la atención al público se canaliza mediante la estrategia de Justicia Móvil.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, a través de la Circular CSJRIA26-0082 del 18 de septiembre, levantó progresivamente la suspensión de términos y reincorporó el reparto ordinario. La apertura de salas de audiencias se ha dispuesto por fases:

Nueve salas iniciaron servicios el 15 de septiembre en el área metropolitana y Santa Rosa de Cabal.
Trece salas de juzgados promiscuos iniciaron operaciones el 12 de octubre.
Treinta y nueve salas adicionales lo harán el 1 de noviembre.

Paralelamente, se gestiona la reubicación de 519 puestos de trabajo entre octubre y diciembre de 2026: 332 en el Complejo Judicial Calle 39, 130 en un inmueble arrendado para el sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central, y 57 en el Edificio Kronos para juzgados de familia y especializados.

En el departamento del Quindío, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia implementó la estrategia «Pico y Despacho». Esta combina ingresos escalonados, restricciones de acceso y trabajo en casa, basándose en los diagnósticos de seguridad física de cada infraestructura. Sedes en Montenegro, Génova y Buenavista están actualmente no habitables, mientras los edificios IBG y San Martín en Armenia esperan reparaciones. Sin embargo, se ha habilitado el funcionamiento en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá, así como espacios específicos en la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. La Oficina de Orientación al Usuario, la Oficina Judicial y los Centros de Servicios Judiciales en la capital han brindado 834 atenciones directas.

En la seccional de Caldas, la atención presencial se ha reanudado de manera escalonada en 23 de los 29 municipios del Distrito Judicial de Manizales, de acuerdo con evaluaciones de infraestructura, conectividad y servicios públicos. En la ciudad de Manizales, se instalaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud frente al Complejo Judicial San José, complementados con puntos de atención itinerantes.

El departamento del Chocó, específicamente Quibdó, registra 12 sedes judiciales con daños, destacándose el impacto sobre el Edificio Adán Arriaga, donde laboran 184 servidores judiciales. La sede de Alto Baudó también reporta daños graves pendientes de intervención. Las obras en Miraflores y Silencio prosiguen, y los trabajos de reparación en el Juzgado de Infancia y Adolescencia han culminado.

Finalmente, en el Valle del Cauca, 29 municipios reanudaron la atención presencial tras dictámenes técnicos favorables. No obstante, en Cali y otros 8 municipios se gestiona la reubicación temporal de despachos con inmuebles averiados. Entre las edificaciones comprometidas que requieren traslado urgente se encuentran el Palacio Nacional de Cali, la Casa de Justicia de Los Mangos, y sedes judiciales en Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá.