A casi dos meses del terremoto del 10 de agosto, la Procuraduría General de la Nación ha vuelto a manifestar su preocupación por la respuesta del Gobierno nacional y la gestión de los recursos destinados a los damnificados. El Ministerio Público advirtió sobre barreras persistentes que impiden la llegada de ayudas a las familias afectadas y solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tomar medidas correctivas urgentes.
Fallas en el registro y la entrega de auxilios
Tras visitas a Risaralda, Quindío y Caldas, y reuniones con autoridades territoriales, la Procuraduría encontró deficiencias significativas:
- El cierre del Registro Único de Damnificados excluyó a familias, especialmente en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
- Las plataformas existentes no permiten actualizar la condición de las viviendas después de evaluaciones técnicas ni incorporar daños causados por réplicas.
- Autoridades territoriales reportaron que los auxilios económicos aún no han llegado a todas las familias, y su distribución entre municipios no ha sido homogénea.
- Se identificaron dificultades por la falta de ingenieros estructurales y maquinaria para evaluaciones, demoliciones y retiro de escombros.
La situación es crítica mientras siguen apareciendo nuevas afectaciones. En Cali, por ejemplo, la Alcaldía ha identificado 60 edificaciones para demolición, de las cuales 36 ya cuentan con aprobación, y 3 ya fueron intervenidas.
El Fondo Milagro sigue inoperante
En este contexto, la discusión sobre el Fondo Milagro cobra mayor relevancia. Este fondo fue creado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre, con el propósito de centralizar recursos para la asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Sin embargo, casi dos meses después del terremoto, el Fondo Milagro no ha iniciado operaciones. Reportes indican que el patrimonio autónomo continúa pendiente de constitución, y los recursos destinados a la emergencia permanecen bajo la administración del Ministerio de Hacienda. Se ha señalado que elementos fundamentales para su funcionamiento, como la estructura administrativa y los mecanismos para ejecutar los recursos, aún no están definidos. El Gobierno incorporó el 17 de septiembre $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación de 2026 para atender la emergencia, provenientes de un crédito contingente de US$200 millones con el Banco Mundial.
Demandas de la Procuraduría a la UNGRD
La Procuraduría ya había advertido desde septiembre que vigilaría la contratación y los recursos de la emergencia, incluida la Subcuenta Sismo 2026, para asegurar transparencia y que las ayudas llegaran a las comunidades. Ahora, el Ministerio Público exige a la UNGRD:
- Abrir de manera extraordinaria y condicionada el registro de damnificados y la evaluación de daños.
- Permitir la actualización de la clasificación de las viviendas e incorporar los daños causados por las réplicas.
- Acelerar la entrega de los auxilios económicos.
- Mejorar la coordinación para disponer de ingenieros y maquinaria.
- Garantizar atención con enfoque diferencial para las comunidades étnicas.
La magnitud de los daños se suma ahora a la preocupación por la respuesta institucional y la administración de los recursos. El Fondo Milagro fue concebido como el principal mecanismo de reconstrucción, pero su inoperatividad y las dificultades en la atención a los damnificados generan incertidumbre sobre la capacidad para convertir los anuncios de reconstrucción en ayudas efectivas para las víctimas.
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