Procuraduría Investiga Contrato Billonario de Air-e con Firma China

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el reciente contrato, valorado en hasta un billón de pesos, suscrito entre la empresa distribuidora de energía Air-e y la Corporación Nacional China de Exportación e Importación de Maquinaria (CMC). Este acuerdo, destinado a financiar la modernización de la infraestructura eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha generado serios interrogantes y activado las alarmas del Ministerio Público.

Procuraduría Solicita Información Detallada del Acuerdo

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que el ente de control tuvo conocimiento de la situación a través de reportes periodísticos. En respuesta, la Procuraduría ha enviado requerimientos formales tanto a Air-e, actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), como a la propia Superservicios, solicitando la entrega de toda la información detallada sobre las condiciones bajo las cuales se suscribió este millonario convenio.

Eljach subrayó el carácter preventivo de la acción. «Nosotros siempre hacemos prevención. No estamos buscando a quién sancionar, sino prevenir el daño», explicó desde Cartagena. Añadió que el objetivo es asegurar que el proceso se haya llevado a cabo correctamente o, en caso de irregularidades, que estas sean corregidas y los responsables rindan cuentas.

Interrogantes sobre la Legalidad y Oportunidad del Contrato

Una de las principales preocupaciones expresadas por el jefe del Ministerio Público radica en el momento de la firma del contrato. «Es curioso que ayer, el interventor de Air-e anunció que le quedaban pocas horas en el cargo y firme un crédito o una obligación de una cuantía tan elevada. Por eso hay que ser cuidadosos», señaló Eljach.

🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado

El documento remitido a la superintendente Hilda Borja inquiere si, conforme al análisis jurídico de la Superservicios, la celebración de este negocio requería autorización previa, aprobación o alguna otra manifestación por parte de la entidad. Además, la Procuraduría busca determinar si el contrato contiene cláusulas de confidencialidad que pudieran restringir la divulgación de sus términos a terceros, incluidas las autoridades de control.

Impacto Tarifario y Desconocimiento Ministerial

Otro aspecto crucial que el Ministerio Público busca esclarecer es el impacto potencial de estas inversiones y su financiación sobre las tarifas que pagan los usuarios del servicio eléctrico. Se ha solicitado información sobre si los proyectos financiados están incorporados en los planes de inversión reconocidos o susceptibles de reconocimiento regulatorio y qué medidas se han previsto para evitar cualquier duplicidad en su remuneración, lo que podría traducirse en mayores costos para los consumidores.

Adicionalmente, se conoció que el acuerdo ha generado extrañeza en la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien no fue informada sobre los alcances del contrato, pese a la relevancia estratégica y económica que representa para el sector energético del país.

Argumentos de Air-e: Modernización y Confiabilidad

Por su parte, Air-e ha defendido el contrato, explicando que, tras casi un año de negociaciones, este acuerdo permitirá avanzar en la renovación tecnológica de subestaciones de potencia, la ampliación y expansión de las redes de distribución y transmisión, y el aumento de la capacidad del sistema, fortaleciendo la infraestructura eléctrica en los departamentos costeños.

El interventor de Air-e, Jaime Mesa Buitrago, destacó la importancia del convenio: «Esta es una buena noticia para nuestra gente. Estamos pensando en nuestros usuarios y en la necesidad de brindarles un servicio cada vez más confiable, con una infraestructura moderna y con mayor capacidad para responder a las necesidades de la región».

El esquema de pago contempla:

Un año de gracia a partir de la entrada en funcionamiento de la infraestructura financiada.
Una tasa de interés del 5.2% efectivo anual.
Duración del contrato de 60 meses para la gestión de recursos.
Los proyectos serán priorizados y aprobados por un comité técnico.

Contexto del Servicio Eléctrico en el Caribe Colombiano

La región Caribe colombiana ha enfrentado históricamente desafíos significativos en la prestación del servicio de energía eléctrica, caracterizados por la obsolescencia de la infraestructura, interrupciones frecuentes y altos costos. Air-e, surgida tras la liquidación de Electricaribe en 2020, asumió el reto de modernizar el sistema y mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por la intervención de la Superservicios, que busca asegurar la viabilidad financiera y operativa de la empresa. En este escenario, un contrato de tal magnitud y con un actor internacional como CMC, adquiere una dimensión crítica, pues cualquier decisión financiera o estratégica tiene un impacto directo en la estabilidad del servicio y en la economía de los hogares y empresas de una de las zonas más pobladas y económicamente dinámicas del país, pero también una de las más vulnerables en términos de acceso a servicios públicos básicos.

La Procuraduría continuará con sus actuaciones preventivas para asegurar la transparencia y la legalidad del contrato, protegiendo los intereses de los usuarios y del Estado colombiano.