La Fiscalía General de la Nación dispuso el cierre formal de la indagación que adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en la actuación penal. El ente acusador determinó que carece de evidencias para comprobar la entrega de dádivas a exparamilitares con el propósito de alterar relatos ante los tribunales.
La orden fue suscrita por Sandra Helena Portilla Constain, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, tras evaluar diversos testimonios y rastreos de carácter económico.
Insuficiencia probatoria en los testimonios clave
Dentro de los elementos centrales de la investigación figuraban los señalamientos emitidos por Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’. De acuerdo con su testimonio, los exparamilitares Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, habrían percibido montos cercanos a los $300 millones a cambio de favorecer con sus versiones a terceros.
No obstante, la resolución fiscal advirtió que Sierra García prescindió de suministrar soportes documentales o elementos de convicción. En consecuencia, el ente acusador puntualizó que dichos testimonios correspondían a “rumores del patio o de una mera percepción respecto de la cual no se encontró fundamento”.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →Verificación patrimonial descartó pagos irregulares
Con el fin de contrastar las aseveraciones sobre los presuntos desembolsos ilícitos, la fiscalía condujo un monitoreo financiero y de bienes en conjunto con diversos organismos institucionales:
- Superintendencia de Notariado y Registro.
- Banco de la República.
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
- Cifin.
La inspección se focalizó en transacciones de inmuebles situados en Cimitarra, Santander, asociados a Gabriel Muñoz Ramírez, además del origen del capital empleado en la liquidación de obligaciones hipotecarias bancarias. El escrutinio de escrituras públicas, títulos de dominio, movimientos bancarios y entrevistas a compradores y dueños permitió establecer que se trataba de acuerdos mercantiles legales entre privados.
Asimismo, los peritajes descartaron la existencia de fuentes simuladas o financiamiento clandestino. El reporte confirmó que ni las fechas de los giros dinerarios ni las ventas de predios coincidieron o tuvieron nexo causal con los testimonios presentados ante las autoridades.
Fijación procesal frente a otros señalamientos
La providencia también abordó acusaciones de fraude procesal vinculadas a alias Simón, alias Castañeda y Óscar Antonio Monsalve Correa. Frente a estos puntos, el despacho precisó que se hallaba impedido normativamente para resolver de fondo, en vista de que dichos aspectos ya integraron el debate y la valoración de pruebas en el juicio oral tramitado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
El expediente judicial tuvo su punto de partida en febrero de 2018. En dicha etapa, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia optó por no abrir investigación al senador Iván Cepeda Castro y ordenó la compulsa de copias contra Álvaro Uribe Vélez, en aquel entonces senador, a raíz de denuncias por supuesta manipulación testimonial. Cuando el expresidente dimitió de su escaño congresional, las atribuciones del proceso quedaron bajo la potestad investigativa de la Fiscalía General de la Nación.
🛒 Ofertas destacadas · Enlace de afiliado
🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →
Comentarios recientes