El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, solicitó formalmente una auditoría a los esquemas de protección otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta petición se fundamenta en las revelaciones del director de la UNP, Didier Blanco, ante el Congreso, donde expuso las dificultades y los costos asociados al desmonte o traslado de ciertas medidas de seguridad.
Solicitud de auditoría en debate de control político
La solicitud de Molina se hizo pública el 29 de septiembre de 2026, durante un debate de control político celebrado en la Comisión Segunda de la Cámara. En dicha sesión, el director Didier Blanco explicó las complejidades inherentes a la transición entre los beneficiarios anteriores y los nuevos de los esquemas de protección. Detalló que algunos vehículos asignados a esquemas previos aún no han sido devueltos a la entidad.
El representante Molina enfatizó la necesidad de revisar exhaustivamente:
- Los recursos destinados a estos esquemas.
- Los vehículos que continúan asignados.
- Los elementos de protección que aún están en posesión de personas que ya no ocupan los cargos por los que inicialmente recibieron las medidas.
Blanco comentó que la desvinculación de funcionarios desencadena un proceso de transición que puede generar obstáculos. «La transición no fue fácil», afirmó el director, refiriéndose a los procedimientos que la entidad debe llevar a cabo cuando un individuo deja de pertenecer a una categoría de población con protección especial. Adicionalmente, el funcionario precisó que exministros y exfuncionarios del gobierno Petro, así como antiguos congresistas, no han restituido los vehículos que les fueron otorgados para su seguridad.
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🔥 Lo más vendido en TemuToca para ver precios y ofertas →En el caso de los congresistas, si pierden su curul, pueden solicitar protección por otras razones, pero deben iniciar un nuevo trámite. Mientras este proceso se desarrolla, el esquema asociado a su condición de legislador cesa automáticamente.
Casos específicos y costos millonarios
Uno de los puntos que generó mayor atención durante el debate fue el costo del esquema asignado a Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al gobierno Petro. El director Blanco informó que entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, se destinaron 739 millones de pesos para las medidas de protección de Guerrero. Blanco argumentó que el esquema se basó en el estudio de riesgo realizado por la UNP, aunque los detalles específicos de sus componentes están bajo reserva legal.
Molina cuestionó tanto el monto como las circunstancias que justificaron el mantenimiento de esta protección. El caso de Guerrero ha recibido atención particular debido a su vinculación con una investigación por presunta falsedad en la documentación académica de su hoja de vida. La Procuraduría también ha iniciado una indagación sobre los funcionarios que autorizaron y mantuvieron su esquema de seguridad. La UNP sostiene que las medidas se establecen según estudios de riesgo y las condiciones particulares de cada beneficiario, y que el costo por sí solo no implica irregularidad.
Otro caso presentado fue el de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’. El director de la UNP confirmó que el excomandante de las extintas Farc dispone de seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. Londoño había solicitado la ampliación de su esquema, pero la UNP, tras el estudio correspondiente, determinó que no procedía aumentar las medidas de seguridad.
Blanco explicó que los firmantes del Acuerdo de Paz poseen una condición particular en cuanto a medidas de protección, debido a los compromisos del proceso de reincorporación y obligaciones internacionales relacionadas con su seguridad. Por esta razón, el esquema de Londoño no puede ser evaluado bajo los mismos criterios aplicables a un exfuncionario público.
A partir de las explicaciones de la UNP, el representante Molina reiteró la necesidad de una revisión exhaustiva de los esquemas concedidos durante el gobierno anterior. Propuso que la auditoría determine qué vehículos y elementos de seguridad siguen asignados a personas que ya no ocupan los cargos originales y el costo total para el Estado.
La discusión se enmarca en un periodo en que la UNP, dirigida por Didier Fabián Blanco Rodríguez, lleva a cabo una revisión general de distintos esquemas. En las últimas semanas, la entidad ha retirado o modificado medidas asignadas a algunas personas relacionadas con el gobierno anterior, mientras otros casos permanecen en evaluación. La solicitud de Molina enfoca la atención en los costos, la vigencia y la devolución de los elementos asignados por la UNP. La entidad será la encargada de determinar, mediante sus estudios de riesgo y procedimientos administrativos, qué medidas se mantienen, se modifican o finalizan.
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