Integrantes del Congreso de los Estados Unidos remitieron una comunicación formal dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, manifestando inquietud ante la intención de retomar las aspersiones aéreas sobre plantaciones de coca en territorio colombiano.
En el documento, los parlamentarios señalaron su rechazo a que la administración norteamericana destine recursos económicos o asistencia operativa a dicha estrategia. Como sustento, indicaron que la medida «no ha demostrado ser eficaz» para disminuir la presencia de sembradíos en el largo plazo, además de constituir un peligro directo frente a los ecosistemas y el bienestar de las personas.
El debate jurídico y los antecedentes sanitarios
La disputa en torno a este mecanismo inició en 2015, periodo en el cual la Corte Constitucional de Colombia vetó la fumigación de áreas. Esta determinación judicial se produjo luego de que la OMS catalogara al químico glisato bajo la categoría de «probablemente carcinógeno para los humanos».
A pesar de las condiciones rigurosas fijadas por el alto tribunal para permitir una eventual reactivación, el Gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa un proyecto político. De acuerdo con el texto remitido por los legisladores norteamericanos, esta iniciativa contempla:
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- Un propósito posterior enfocado en la eliminación de 330.000 hectáreas de coca, cantidad que sobrepasa los cálculos difundidos por la ONU respecto a la extensión total cultivada en la nación.
Freno judicial y cuestionamientos a la política exterior
Frente a estos riesgos, un tribunal administrativo de Mocoa dictó el pasado 12 de septiembre la suspensión provisional del plan piloto. La autoridad judicial fundamentó su decisión en la carencia de datos suficientes y en el incumplimiento de los parámetros fijados previamente por la Corte Constitucional.
Entre los firmantes de la misiva figuran los representantes Mark Pocan, Rashida Tlaib y James P. McGovern. En la comunicación, los congresistas cuestionaron las presiones originadas desde la administración de Donald Trump encaminadas a restablecer estas operaciones. Al mismo tiempo, expusieron señalamientos por el «desmantelamiento ilegal» de la USAID ejecutado por el gobierno de Estados Unidos.
Finalmente, los legisladores establecieron como fecha límite el 13 de noviembre de 2026 para que el secretario Rubio emita una respuesta detallada respecto a la asistencia brindada a las fumigaciones y aclare las obligaciones presupuestales adquiridas.
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